La extraordinaria pluma de Emile Zola escribió en 1885 los horrores de la vida de los mineros franceses del carbón, en una novela cuyo título es “Germinal”; su lectura es estremecedora, y nunca pensé que en pleno Siglo XXI se darían las mismas condiciones dantescas de explotación a los mineros, que hoy se revelan en la trágica, y hoy anunciada, muerte de los trabajadores recientemente sepultados. Ya no tenemos duda, la declaración de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que da un plazo de hasta de 11 meses en la tareas de rescate es prácticamente una sentencia de muerte, que no sólo enluta a familiares y amigos, sino a la nación entera. De este episodio, lo menos que podemos aprender, es que las conquistas de la Revolución para la clase obrera ahí no existen. México, desde la Conquista, sigue siendo botín para empresarios inescrupulosos que –con la complicidad del Estado— mantienen niveles de explotación y esclavitud; y, por otra parte, la grandes empresas mineras –por décadas— se han enriquecido sin pagar los impuestos que deberían, sin otorgar los salarios que deberían y sin dar una participación de sus utilidades a los verdaderos dueños de la tierra, que generalmente son los ejidatarios y pequeños propietarios; recordemos que uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana fue la huelga de los mineros de Cananea en 1906, cuyas justas demandas hoy forman parte del Derecho Social consagrado en nuestra Carta Magna. Esta declaración que hoy nos enluta, debe ser un acicate para construir reformas que cambien esta absurda explotación humana. La otra declaración que estremeció a la nación fue la que realizó el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quién destapó una cloaca y, al mismo tiempo, dio por perdida la esperanza de recuperar a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Afirmó el Subsecretario que se trataba de un “Crimen de Estado”, no obstante, éste término tan dramático no existe en el Derecho Penal Mexicano y, en consecuencia, nos deja enormes vacíos interpretativos de lo que quiso decir. ¿Es Crimen de Estado porque participaron las policías municipales de Iguala y de Cocula?, o lo es, ¿porque también fueron coparticipes autoridades Estatales y Federales?. Son dos temas diferentes y probablemente también tipos penales distintos; una conducta típica fue la desaparición y homicidio de estos jóvenes normalistas y, otra, la omisión que pudieran haber realizado las autoridades en el desarrollo del proceso penal.  

La nación exige se aclare quiénes y porqué masacraron a los estudiantes, ¿qué participación tiene el crimen organizado y qué tanto está vinculado a la siembra de amapola en la Sierra de Guerrero?, ¿cuánto tuvo que ver el adoctrinamiento radical de las víctimas?, ¿cuál fue la participación real del Ejército y de la Policía Federal?. La herida seguirá abierta, mientras no se conozca la verdad de los hechos ¿qué tan culpable es el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam?, ¿qué tantas omisiones o falsedades se plantearon en la famosa verdad histórica?, ¿hasta dónde llega la cadena de mando de la supuesta participación del Ejército Federal? y ¿hasta dónde pudiera haber responsabilidades del Jefe del Estado?. Lo grave del tema es que hemos politizado una tragedia y, por encima de la Justicia se encuentran las interpretaciones politiqueras y partidarias, que se disputan las parcelas del poder. No hemos aprendido a entender que la Justicia ni puede ser selectiva, ni debe ser de represión para fines electorales. La Justicia es un valor normativo superior, que tampoco es inmanente y único, ya que cambia conforme se modifican las condiciones que constituyen una Política Económica en diferentes Sistemas. No es lo mismo la Justicia del Esclavismo, que la del Capitalismo y, mucho menos, a la que aspira –con todavía sólidos paradigmas— la Constitución Mexicana de 1917. Dos tragedias, dos declaraciones que –como siempre— generan dudas, incertidumbre, desconocimiento y aprovechamiento falaz, de quienes disputan el poder. POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA