En la ruta del experimento en el que nos encontramos, hay obstáculos y opacidad. El riesgo del caos es alto.

La elección para elegir jueces, magistrados y ministros el próximo año, está repleta de enredos y cosas raras. Es una trampa.

A dos meses de la aprobación de la reforma que ordenó una elección inédita, y con el proceso electoral extraordinario en curso, no sabemos ni lo básico: ¿quiénes contarán los votos? ¿Cuántas casillas se instalarán? ¿Cómo se decidirá dónde se instalan? Es más, no hay claridad siquiera sobre si habrá recursos para organizar los comicios, que de por sí son un enredo, pues el procedimiento para votar será engorroso, largo (con cientos de nombres en distintas boletas) y con posibilidades infinitas de que las cosas salgan mal.

El INE, por ejemplo, solicitó 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección. Morena y sus aliados, que votaron el pasado miércoles el presupuesto de Egresos 2025, no solo no les dieron esos recursos; les quitaron más. Al Instituto le recortaron 13 mil 476 millones de pesos. ¿Con qué dinero se organizará la elección?

Parece que ni al gobierno ni a la 4T le interesa demasiado que haya una elección que garantice la certeza y confianza. Le exigen al árbitro electoral organizar unos comicios, pero no le dan dinero.

El INE no puede organizar algo medianamente decoroso sin recursos. Está claro, pues, que no se instalarán las poco más de 170 mil casillas que se colocaron en junio pasado, durante la elección federal de este año. ¿Cuántos centros de votación habrá, entonces? ¿Uno que reúna el equivalente a cinco casillas? ¿A diez? ¿Cincuenta? ¿Cien? No lo sabemos. ¿Con qué recursos se capacitará a los funcionarios de casilla para el experimento que no tiene precedente? Ni idea.

¿Cuántos funcionarios se necesitarán? Es una incógnita. ¿Quiénes contarán los votos? Tampoco se sabe. ¿Lo harán los ciudadanos en cada centro de votación? ¿O los paquetes electorales serán trasladados a las juntas distritales? ¿O a la sede del INE? Es un misterio.

Vaya, no sabemos ni cómo ni con qué parámetros de transparencia se realizarán las tómbolas para sortear los nombres de aquellas personas que seguirán adelante en el proceso tras inscribirse en los comités evaluadores. Como mínimo, debería ser a la vista de todos, en urna transparente y en sesiones públicas. Pero tampoco eso está considerado en las leyes secundarias que aprobó sobre las rodillas el Congreso.

La 4T nos conduce al caos. Y esto apenas es el inicio del proceso electoral. Lo que vendrá durante el desarrollo del mismo, el día de la votación y -más todavía- con los resultados y las cientos de personas sin experiencia tomando decenas de miles de casos que se apilan en juzgados para impartir “justicia”, pinta peor aún. Nos encaminamos a una crisis mayor.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN   

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@MLOPEZSANMARTIN