Ya hace varias décadas que el gremio jurídico mexicano empezó a incursionar seriamente en la teoría y práctica de la argumentación jurídica. Lo que germinó como una exquisitez filosófica y académica, logró enraizarse en los planes de estudios de facultades de Derecho, ya sea para la licenciatura, maestría o doctorado, hasta que su expansión permeó en la práctica jurídica en general.

Es indiscutible que esas construcciones teóricas brindaron un andamiaje suasorio y racional a la práctica jurídica: ya sea en los sagaces argumentos de los abogados, en las interesantes construcciones jurídicas parlamentarias, en los novedosos actos administrativos y en los múltiples y memorables fallos judiciales: eran el lenguaje de la mística racional del Derecho.

La argumentación jurídica se erigía como justificación racional a la par de la teoría de la Constitución, de los derechos humanos, de la probática, entre otras.

El mercado jurídico de las ideas se volvió nutrido, ofertando diversas facetas, pensamientos, posturas e ideas: existía un intercambio silente, constante y plural.

Se apreciaba un cierto consenso invisible no sólo sobre la expectativa de racionalidad, construcción lógica, teórica o sistemática de la narrativa del derecho, sino también de la necesidad de blindar al actuar judicial con la solidez filosófica y racional que la argumentación jurídica otorgaba. Si los jueces hablan por sus sentencias, entre más racional mejor hablaban.

Sigo pensando que, como gremio, más allá de nuestras posiciones políticas, teóricas o epistemológicas, debemos seguir preparándonos para formular sólidos argumentos jurídicos. Es nuestro deber ético con las futuras generaciones y con la sociedad en general: es una exigencia indisoluble para todas nuestras autoridades y una expectativa primaria para la disciplina jurídica.

Pero también, a un año de haberse consumado la reforma judicial, pienso que la fortaleza epistémica que nuestra disciplina y en concreto la función judicial logró destilar de las teorías de la argumentación jurídica, fueron insuficientes para contrarrestar la narrativa que desde el oficialismo se confeccionó contra la práctica jurídica y en concreto para la judicial.

Como gremio no logramos “narrar”, “contar” o “platicar” la verdadera necesidad y las exactas razones que explicaban a ese guardián aséptico de la judicatura que, con sus falencias y errores, era fundamental para frenar las sinrazones de un Leviatán descontrolado. Fallamos en explicarnos. Fallamos en mejorar nuestros aciertos y corregir nuestros errores con premura.

Los abogados debemos seguir argumentando jurídicamente pero también debemos aprender a narrar nuestro actuar: necesitamos aprender a “contar”, a “platicar”, a “relatar” las virtudes y necesidades de nuestro gremio, para lograr la absolución de la empatía popular y el consuelo del justo reconocimiento social.

Nuestro lenguaje sigue siendo el frío páramo de fórmulas jurídicas que no permitirán germinar la comprensión y empática del resto de la sociedad.

Seguimos fallando y seguimos zozobrando. Debemos salvar la crisis del Derecho con más argumentación y mejor narración.