Eduardo Fernández se enteró el miércoles de la semana pasada que la justicia mexicana iba por él. Horas antes de huir a Europa, desde Miami, grabó un video de más de una hora en el que mostró su paranoia. Sabedor de que se le había girado una ficha roja, para su fuga, compró cinco diferentes vuelos con destino a Francia, Portugal, Alemania y España. A su llegada al aeropuerto de Barajas fue aprehendido. La detención del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entre 1995 y 2000 fue el viernes por la mañana, acusado de intento de extorsión a Televisa por 250 millones de pesos. Fernández hace 26 años fue responsable de polémicas decisiones que hoy seguimos cargando y pagando, como el Fobaproa; se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en España, la prisión de Soto del Real. La extorsión se acreditó ante las fiscalías General de la República de Alejandro Gertz Manero y de la CDMX de Ulises Lara, y ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Rosa Icela Rodríguez. En su video con acusaciones contra Televisa, Fernández incluye en su “complot” a varios presidentes, a varios secretarios de Hacienda, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al SAT. También a personajes como el ex presidente Enrique Peña, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a Donald Trump y a su yerno, Jared Kushner; es tan burdo el video, que pierde toda seriedad. Fernández buscó, en realidad, que Televisa le recompensara por decisiones que tomó desde la CNBV, cuando se reconoció a Emilio Azcárraga Jean como “controlador” del Grupo a la muerte de su padre. Las autoridades españolas vieron con seriedad las acusaciones de extorsión, amén de que Homeland Security y la Interpol las alertaron que Fernández, para evadir a la justicia, había comprado esos cinco vuelos. Por ello, de manera inusual, la Audiencia Nacional Española, “valorando los indicios de criminalidad existentes, la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga” acordó la prisión provisional y no su proceso de extradición en libertad. En México, las investigaciones siguen para detectar y detener a los que auxiliaron a Fernández a cometer abusos y extorsiones contra personas y empresas, entre ellas Televisa. Hay dos que están en la mira de las autoridades: uno es Mauricio Naranjo, hoy día director general de Monex, y otro David Peñaloza Sandoval, ex presidente de la desaparecida constructora Tribasa. Naranjo fue vicepresidente de Supervisión Bancaria en la CNBV, bajo las órdenes de Fernández; Monex ha facilitado créditos y hasta oficinas en Washington al hoy detenido extorsionador. Desde luego, pudo haber sido un tema de amistad entre los ex funcionarios y amigos, pero hoy en día esa relación está bajo la lupa en México y Estados Unidos. Por lo que hace a Peñaloza, hay una añeja relación de gratitud derivada del papel que Fernández jugó desde la CNBV, cuando el ex constructor defraudó a Nafinsa con 25 millones de dólares. Se espera que en dos semanas Eduardo Fernández sea traído a México, donde enfrentaría hasta 15 años. UNA VEZ QUE concluyó al interior del proveedor de servicios de tecnología Kio Networks la investigación forense de tres meses de FTI Consulting, que comanda aquí Vicente González, se espera la respuesta del más agraviado y hostigado. Hablamos de Sergio Rosengaus, principal ejecutivo, fundador y socio de María Asunción Aramburuzabala. El empresario, junto con una veintena de colaboradores más, fue tratado con bastante rudeza por el implacable Dan Alonso, afamado abogado del bufete Orrick, Herrington & Sutcliffe, contratado por I Squared Capital, el fondo que le compró en 2021 Kio a Aramburuzabala y a Rosengaus. Se trata del ex jefe de fiscales auxiliares de Manhattan y Fiscal Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De sus casos más célebres está el enjuiciamiento de Jordan Belfort, el Lobo de Wall Street. Rosengaus, que todavía posee un porcentaje minoritario de Kio, alista ya una demanda por daño moral porque la auditoría no arrojó ningún resultado concluyente de malos manejos y conflictos de interés. CORPORACIÓN DE ENERGÍA Mexoil es otra que está a punto de irse a concurso mercantil. Se trata de un contratista de Pemex muy peculiar. Y es que sus dos principales accionistas son Eduardo Tricio y Daniel Servitje. Los dueños de Lala y Bimbo fueron de los que vieron en la Reforma Energética de Enrique Peña una oportunidad para ampliar sus negocios. Se dedicaron a rentar taladros para perforar pozos terrestres en la época en que Emilio Lozoya Austin dirigía la petrolera y concluyó el sexenio sin que les pagaran los trabajos. En diciembre solicitaron el concurso y la semana pasada el visitador del Ifecom, José Antonio Echenique, concluyó su dictamen. OTRO INVERSIONISTA ATRAÍDO por la Reforma Energética peñista, y que igualmente está emprendiendo la retirada de México, es el poderoso fondo suizo Partners Group. En 2014 compró a los hermanos Fernando y Manuel Calvillo su empresa Fermaca. Era uno de los prestadores de servicios de energía y logística de combustibles más importantes, dueño de los sistemas de ductos Palmillas-Toluca y el corredor Chihuahua, por los que corrían 20% de las necesidades de gas natural. El gobierno de la 4T desconoció y renegoció con ellos sus contratos de distribución de gas a inicios del sexenio. Hoy, el fondo dirigido por David Layton, puso en venta sus activos. BANOBRAS, QUE DIRIGE Jorge Mendoza, inició el proceso de ejecución de la sentencia para cobrarle a Invex la friolera de 100 millones de dólares. Estamos hablando de la última etapa del pleito que la institución de Juan Guichard perdió con el banco del gobierno, tras haber sido encontrado responsable de incumplir sus deberes de fiduciario. El expediente aquí lo hemos seguido paso a paso. Invex está pagando un ¿error? de Alfredo del Mazo cuando dirigía Banobras. En 2013 autorizó un crédito de 99 millones de dólares a Rodisa, una empresa donde uno de sus accionistas era Oscar Fernández Luque, ex director de Desarrollo Social de Huixquilucan, cuando aquél lo gobernaba. De Banobras saltó a la gubernatura. EL SÁBADO INICIÓ EL Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el primer evento internacional en el puerto después del huracán Otis. Será un importante impulso a la reactivación económica porque se calcula que al menos 11 mil familias dependen de las actividades de este evento deportivo: 5 mil trabajan en el sector de hotelería, 4 mil comercio local y poco más de 2 mil dentro del torneo. Además, después de la reinauguración de la Arena GNP el viernes, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió con el director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez, y confirmaron que la 87 Convención Bancaria se llevará a cabo en Acapulco el 18 y 19 de abril. POR DARÍO CELIS ESTRADA.