Hace 30 años, durante la negociación que llevó a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), algún colega canadiense aseguraba que los abogados encargados de lidiar con asuntos comerciales estadounidenses ocupaban un piso completo del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Treinta años después y un ajuste más o menos forzado que llevó al actual Tratado México-EU-Canadá (T-MEC) el comercio entre los tres países aumentó de manera formidable, pero también las desavenencias, choques, problemas legales por comercio constituyen el pan nuestro de cada día. Ciertamente hay algunos que han alcanzado un perfil considerable, como las disputas en torno a la reforma energética mexicana, que originó quejas, sobre todo, de firmas estadounidenses respecto al indebido favoritismo a las empresas gubernamentales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Algunas de esas quejas parecen estar en vías de solución en negociaciones que sin ser secretas han sido discretas, en comparación al menos con el ruido generado por las quejas de empresas de EU apoyadas por legisladores de ese país –especialmente de Texas– y las respuestas esencialmente políticas del gobierno mexicano. Pero otras, al menos según reportes divulgados en julio pasado, parecían en camino de ser sometidas a paneles de consulta. Un caso que no incluyó a países del T-MEC, pero típicamente se resolvió mediante negociación fue la "nacionalización" de las plantas de generación eléctrica –incluso una por energía eólica– que la empresa española Iberdrola tenía en el país. Una compañía creada por el gobierno mexicano pagó unos seis mil millones de dólares por el bloque. Semanas después, Iberdrola anunció una inversión similar en Brasil.

Si ese "modelo" es válido o no para futuros arreglos habrá que verlo, pero lo cierto es que la falta de inversión en energía se refleja ahora en insuficiencia de generación eléctrica, especialmente de fuentes alternas –solar, eólica– para necesidades crecientes derivadas del proceso de nearshoring –empresas que han salido de China para buscar nuevas ubicaciones–. Otras complicaciones legales siguen adelante y en al menos un caso, el referente a las demandas por la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico, están ahora en manos de un panel de controversias. Las preocupaciones canadienses en torno a sus inversiones en minería en México fueron incrementadas por una nueva ley. Al menos dos casos han sido presentados ya ante un Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial. Si los problemas llegarán eventualmente a otro panel en el marco del T-MEC está aún pendiente. Y esas discusiones van a tener un impacto considerable en la eventual evaluación sobre la utilidad del T-MEC, en sólo dos años. Así que ¿cómo andamos de abogados? POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

[email protected]

@CARRENOJOSE1