No ha empezado la campaña, y la violencia ya se desbordó. Los crímenes empañan el proceso electoral en curso y ponen en riesgo la viabilidad de la elección en cada vez más regiones del país.  ¿Cómo imaginar, por ejemplo, una elección en calma en Taxco, Iguala o Chilpancingo, cuando en las últimas semanas esas ciudades se convirtieron en municipios fantasma, azotadas por la delincuencia?  ¿Cómo suponer que habrá condiciones para instalar casillas en zonas amplias de Michoacán, cuando los ataques con drones y los territorios minados se han vuelto cosa cotidiana?  ¿Cómo afirmar que habrá elecciones en paz en Chiapas, donde miles de personas han sido obligadas a dejar sus hogares, desplazadas por la violenta disputa del territorio entre grupos criminales? ¿Cómo pensar que habría comicios libres en distintos puntos de Guanajuato, entidad donde han sido asesinados decenas de policías en lo que va del año? ¿O en Zacatecas, donde se mata lo mismo a hermanos de alcaldes (en Sombrerete) que a sobrinos o cuñados del político zacatecano más poderoso y relevante, Ricardo Monreal, hermano del gobernador del estado? Y la lista es larga. Podríamos hablar de la descomposición también en Colima, donde asesinaron a un secretario de Ayuntamiento la semana pasada a plena luz del día, en Villa de Álvarez; Baja California, donde Tijuana se ha convertido (otra vez) en la ciudad más violenta del país; Edomex, donde asesinaron a un aspirante a diputado en Ecatepec apenas el pasado fin de semana; Veracruz, el estado que más ejecuciones de actores políticos registra; Oaxaca, donde hace menos de un mes secuestraron a 184 servidores públicos en el cuartel de la policía en Santa María Coyotepec… Prácticamente ningún estado se salva. En ese contexto vamos a elecciones. Por eso lo dicho por el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata hace unos días, tendría que llevar a la reflexión.  “¿Se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es: sin duda. El marco normativo establece supuestos por las que se puede anular la elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada”, dijo. Más allá de que De la Mata lanzó tremenda pedrada, y ya no quiso ir más allá en su explicación, el escenario de una anulación por falta de condiciones, violencia y desgobierno, no puede soslayarse. El actual proceso electoral se encamina a convertirse en el más sangriento en la historia. Con 20 mil 367 cargos a elegir, estarán en circulación más de 50 mil aspirantes. Históricamente, el blanco de los ataques han sido personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos; ahí se concentra más de 71%. Integralia documentó el asesinato de 179 políticos, entre ellos 36 aspirantes o candidatos, en las elecciones de 2021. En su reporte “Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político criminal en México”, Data Cívica registra mil 610 ataques, asesinatos, y amenazas de 2018 a 2023.  El Primer Informe de Laboratorio. Electoral titulado “Violencia Electoral proceso 2023-2024", apunta que, del 4 de junio del 2023 al 7 de febrero, se han registrado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 culminaron en asesinato y de ellos, 16 eran aspirantes.  Ese México violento es el que irá a las urnas el 2 de junio. Que haya suerte. La vamos a necesitar. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN [email protected]       @MLOPEZSANMARTIN