La consejera electoral del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, Zelandia Borquéz Estrada, señaló en entrevista para AltaVox que en paridad de género, la constitución establece que los partidos políticos tienen la obligación de postular a al menos al 50 por ciento de sus candidaturas a mujeres. “El organismo electoral verifica los registros y si no hay cumplimiento, se tiene que requerir a los partidos por ese cumplimiento. Se les dan 2 requerimientos, uno de 72 horas y, si no se cumple, otro más de 24 horas”, añadió.

En caso de que los partidos políticos hagan caso omiso a lo que marca la ley, se eliminaran aquellas candidaturas que estén en incumplimiento hasta llegar a la paridad entre las candidaturas de mujeres y hombres. En materia de diversidad sexual, se deberá presentar una constancia de autoadscripción simple de las personas en las que se señale cuál es su género. Al momento de aprobarse por el organismo electoral, se hará de conocimiento público para que, si se llegan a dar inconformidades de parte de la sociedad porque la candidatura que se está presentando como integrante de la diversidad sexual es falsa, será impugnada la candidatura.

Esta es la primera vez que el organismo electoral está verificando específicamente el género, porque en los procesos electorales anteriores, no se habían emitido lineamientos de este tipo. “Cabe señalar que las sentencias que en la materia, se han emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalan que en estos casos, si es importante que las personas manifiesten el género con el cual desean ser inscritas, registradas e identificadas”, puntualizó. Por otra parte, respecto de los registros que se han solicitado por los partidos políticos, aún se está estudiando los requisitos, sin embargo, al momento de que el organismo electoral pronuncie los dictámenes respectivos, se podrán hacer observaciones, pero hasta el momento, todos los partidos están en análisis respecto a la documentación necesaria. Dicha acreditación, se consultó previamente a nivel estatal con integrantes de la comunidad LGBT +, para que se definiera el método que se emplearía para acreditar la calidad de la persona de la diversidad sexual a efecto de que los partidos políticos puedan cumplir con la participación mínima que se les solicita.