Actualmente las obras de la segunda etapa de rehabilitación de bulevar Antonio Rocha Cordero a la altura del kilómetro 4 se encuentran en espera, luego de que un grupo de representantes de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, se manifestarán ante lo que llaman falta de “claridad” con respecto a la indemnización que les corresponde por parte del Gobierno del Estado. El sábado pasado por medio de un boletín de prensa, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) anunció que este lunes 24 de enero, la empresa ganadora de la licitación comenzaría las obras de reconstrucción del puente vehicular frente a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).  Al enterarse de esta situación y no haber recibido la notificación por parte del Gobierno, con respecto de la indemnización que les corresponde por aproximadamente 15 hectáreas que les fueron expropiadas en los años 70, se presentaron para solicitar de manera pacífica la suspensión temporal de las obras hasta que pudieran aclarar este tema. Al respecto, Salomé Marín Castillo, vocero de los comuneros explicó que representantes de la Secretaría de Gobierno les informaron que ellos no habían ordenado el inicio de las obras en el tramo mencionado del Anillo Periférico, asimismo, les agendaron una reunión con autoridades de la administración estatal, incluido con el propio mandatario Ricardo Gallardo Cardona. “Se nos informó por parte de la Secretaría de Gobierno que ellos nos dieron indicaciones de que se iniciaran trabajos (lunes 4 de enero), que desconocían la persona que se presentó ahí en la obra como ingeniero responsable, conclusión que ellos no mandaron a nadie que iniciarán trabajos el día de ayer”, detalló. Agregó que han recibido información con de respecto a que el gobierno estatal ya tiene establecido el monto que les entregará como indemnización, para poner fin a un litigio que lleva casi 50 años, pero ellos no han sido notificados, entonces lo que plantean es llegar a un buen acuerdo. “Por algunos lados se comenta que el gobierno ya tiene un precio definido como pago de esas tierras y en la comunidad desconocemos esos números, pero al parecer hay disponibilidad del ciudadano gobernador”, señaló.