Hay imágenes que no deberían existir y, aun así, terminan definiendo una época. Un hombre arrastrado por kilómetros bajo un automóvil en Iztapalapa no es solo una tragedia vial: es una postal brutal del nivel de insensibilidad al que hemos llegado. No fue un “incidente”, ni un “percance”, ni un error momentáneo. Fue la suma de miedo, rabia, huida y una desconexión absoluta con la vida ajena. Y eso, aunque incomode decirlo, no ocurre en el vacío ni como caso aislado.

El caso de Roberto Hernández cimbró porque rompió una barrera simbólica. No solo murió un repartidor; murió la idea de que todavía existe un límite moral en el asfalto. Arrastrar un cuerpo durante casi dos kilómetros, ignorar claxons, gritos y luces, seguir manejando como si nada, es una forma extrema de deshumanización. Ya no hablamos de tránsito, sino de valores. Y cuando la respuesta institucional tarda, es escueta o se esconde en tecnicismos, el mensaje se vuelve todavía más demoledor: la vida puede esperar, y el expediente también. La indignación social explotó porque, una vez más, fue la ciudadanía la que armó el rompecabezas antes que la autoridad. Videos, placas, trayectos, domicilios. La justicia digital avanzó a velocidad crucero mientras la institucional caminaba con freno de mano. Ese contraste no debería normalizarse. Si hoy confiamos más en redes y colectivos que en fiscalías, no es casualidad; es consecuencia de años de lentitud, silencio y una comunicación que parece diseñada para apagar incendios, no para esclarecer hechos. Pero el problema no es exclusivo de una alcaldía ni de una ciudad. En San Luis Potosí, hace apenas unos días, una mujer murió tras impactar su vehículo en Salvador Nava Martínez, una de las vialidades más importantes de la capital. Más allá del tráfico colapsado y las filas kilométricas, hubo otro dato que pasó casi de largo: el cuerpo permaneció en el sitio durante horas, esperando a que los servicios periciales llegaran. Tres horas de espera que no afectan al tráfico, sino a la dignidad, al duelo y a la humanidad del momento.

Ahí es donde la discusión se descarrila. No se trata de carriles cerrados ni de embotellamientos. Se trata de familias obligadas a prolongar el dolor mientras la burocracia decide cuándo es “procedente” actuar. Se trata de instituciones que priorizan el protocolo sobre la empatía, el trámite sobre la persona. Y ese patrón se repite en distintos puntos del país con una regularidad alarmante. En ambos casos —el crimen brutal de Iztapalapa y el accidente fatal en la capital potosina— hay un hilo conductor incómodo: la frialdad con la que se administra la tragedia. Una sociedad que se acostumbra a ver cuerpos en el asfalto y autoridades que parecen operar en cámara lenta frente al drama humano, comparten una misma falla de origen: la pérdida de sensibilidad como eje de lo público. Lo más inquietante es que ya no sorprende. Nos indigna, sí, pero no nos desconcierta. Y cuando el horror deja de sorprender, algo se ha roto profundamente. Normalizamos que alguien huya, que nadie auxilie, que la justicia llegue tarde y que la versión oficial siempre sea mínima, cuidadosamente calculada para no comprometer nada ni a nadie. Este no es un llamado a endurecer discursos ni a convertir cada tragedia en linchamiento. Es un llamado a recuperar humanidad. A entender que investigar rápido, informar con claridad y actuar con sensibilidad no debilita en absoluto las instituciones; por el contrario, las fortalece. Que retirar un cuerpo con prontitud no es ceder al caos, sino respetar a quienes quedan.

Y que la historia avance así —con la presunta responsable localizada entre desperdicios industriales y negociando su entrega— no es un detalle menor ni anecdótico: es una metáfora brutal del país que somos. No solo habla de una huida física, sino de una degradación moral y de un sistema que solo reacciona cuando la presión social lo arrincona. La justicia no debería depender de las redes sociales, del escarnio público o del hartazgo colectivo para moverse; debería llegar sola, a tiempo y con humanidad. Mientras se negocia una entrega y se promete justicia, queda la pregunta incómoda: ¿cuántos casos similares se pierden diariamente en el olvido del sistema y la burocracia porque no hubo cámaras, ni viralización, ni indignación suficiente? Hasta que la justicia deje de correr detrás de la tragedia, seguiremos contando víctimas, kilómetros de indiferencia y duelos prolongados por una autoridad que llega siempre tarde. Porque hoy fue Roberto en Iztapalapa. También hoy fue una mujer en vialidades de San Luis Potosí. Mañana podemos ser cualquiera, y en cualquier lugar. Mientras se sigan tratando estas muertes como simples números y cifras estadísticas, o problemas administrativos, el sistema de justicia seguirá perdiendo credibilidad; y nosotros, como sociedad, seguiremos perdiendo algo peor: la capacidad de empatía, sensibilidad y humanidad.