Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como una “aberración” la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la norma que prohibía a altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público. En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte y afirmó que no está de acuerdo con dicha determinación. "Es una aberración, ¿cómo es posible que se regrese a lo de antes?”, declaró. “¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se autorizó de que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior? (…) Es una mezcolanza, inmoral, promiscuidad política administrativa. No estoy de acuerdo”, puntualizó. El mandatario mexicano afirmó que no se quedará callado ante la disposición de la Corte: “hay que buscar la forma, no voy a quedarme callado ante estas aberraciones, es que ya nos ofendieron con decir lo menos con estas prácticas”. López Obrador aseveró que los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón trabajaron en la iniciativa privada después de finalizar su sexenio. “Es vergüenza nacional (…) Ernesto Zedillo, se va a trabajar después de que termina su mandato como presidente, de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles, y Calderón hace lo mismo, le ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España y le frece trabajar como consejero de la empresa cuando Calderón termina su mandato y forma parte del consejo”, adujo. La Corte invalidó este lunes por unanimidad una norma que prohíbe altos funcionarios federales trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público, como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR). En un comunicado, la SCJN informó de que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, “que establecía una restricción de 10 años” para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público. De acuerdo con la SCJN, “la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto de la Constitución mexicana”. En octubre de 2019, la Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Austeridad Republicana, considerada una de las principales propuestas electorales del presidente López Obrador. Con información de López-Dóriga Digital