El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios de Nicaragua, a quienes acusa de “permitir la represión” ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Las medidas forman parte de la estrategia de presión internacional que busca responsabilizar a las autoridades nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos y por el uso de instituciones estatales para consolidar el poder político.

Los funcionarios señalados

Entre los sancionados se encuentra la ministra de Trabajo, Johana Vanessa Flores, así como responsables de áreas clave en inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones. 

El listado incluye a Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz, jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera; a Celia Margarita Reyes, vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones; y al mayor general Leonel José Gutiérrez, jefe de la unidad de inteligencia militar.

Las sanciones se enmarcan en una serie de medidas que Washington ha venido aplicando contra funcionarios y entidades nicaragüenses desde 2018, cuando estallaron las protestas sociales en el país y la represión estatal dejó centenares de muertos y miles de detenidos. 

Desde entonces, Estados Unidos ha insistido en que el gobierno de Ortega utiliza las instituciones para perseguir opositores, controlar la economía y restringir las libertades civiles.

La inclusión de altos cargos vinculados a áreas estratégicas como la inteligencia financiera y militar refleja la intención de afectar directamente los mecanismos de control del régimen.

Estados Unidos y Nicaragua: una relación marcada por tensiones

En los últimos años, la relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha caracterizado por un creciente distanciamiento diplomático y la imposición de sanciones.

Tras la polémica reelección de Ortega en 2021, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron sanciones contra funcionarios e instituciones nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario.

Tensiones en el Caribe

En 2023, el Departamento de Comercio de Estados Unidos añadió a la Policía Nacional de Nicaragua a su lista de control de exportaciones, señalándola por graves abusos contra los derechos humanos. Se documentaron ejecuciones arbitrarias, arrestos ilegales y torturas, lo que reforzó la narrativa de Washington sobre la represión sistemática en el país.

En 2025, el presidente Ortega denunció públicamente que Estados Unidos utilizaba su fuerza naval en el Caribe como una amenaza política. Calificó de “payasada” un operativo antidrogas que, según él, tenía como objetivo intimidar y “derrocar gobiernos” latinoamericanos. Estas declaraciones reflejan el nivel de confrontación y desconfianza que domina la relación bilateral.

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Con información de Excélsior