Un hombre de Misisipi condenado por violación y asesinato fue ejecutado mediante inyección letal, en la tercera ejecución en Estados Unidos esta semana.

Charles Crawford, de 59 años, fue condenado a muerte por la violación y asesinato en 1994 de Kristy Ray, una estudiante universitaria de 20 años.

Su ejecución se llevó a cabo a las 18:00 locales en la Penitenciaría Estatal de Misisipi.

Otros dos condenados a muerte fueron ejecutados el martes en Florida y Misuri, también con inyección letal.

Otra ejecución está programada para este viernes.

Se trata de Richard Djerf, de 55 años, quien será ejecutado en Arizona por los brutales asesinatos en 1993 de cuatro miembros de una familia de Phoenix.

Este año ha habido 38 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2013, cuando se ejecutaron 39 reclusos.

Florida ha realizado la mayor cantidad de ejecuciones (14). Le siguen los estados de Texas (5), Carolina del Sur (4) y Alabama (4).

Treinta y dos de ellas se han llevado a cabo mediante inyección letal, dos por fusilamiento y cuatro por hipoxia de nitrógeno.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.

Ejecuciones en EU

En los últimos años, Estados Unidos ha visto un resurgimiento en el uso de la pena de muerte, pese a las crecientes críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos.

Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), el número de ejecuciones en 2024 y 2025 ha aumentado tras varios años de descenso.

Este repunte se debe, en parte, a la eliminación de suspensiones temporales en algunos estados del sur y medio oeste, así como a la presión de ciertos gobernadores republicanos que defienden la pena capital como medida disuasoria frente al crimen violento.

Los métodos de ejecución también han sido objeto de controversia. Aunque la inyección letal sigue siendo el método más utilizado, su aplicación ha sido cuestionada por fallas en los procedimientos y dificultades para obtener los compuestos químicos necesarios.

En estados como Alabama y Oklahoma, algunas ejecuciones fueron interrumpidas por errores técnicos, lo que llevó a demandas judiciales por trato inhumano.

En respuesta, algunos estados han explorado alternativas como el fusilamiento o la hipoxia de nitrógeno, esta última utilizada recientemente en Alabama y considerada por expertos médicos como un procedimiento de alto riesgo y sufrimiento.

El debate sobre la constitucionalidad y la moralidad de la pena de muerte sigue vigente en Estados Unidos.

En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional instaron al gobierno federal a imponer una moratoria nacional, argumentando que la aplicación de la pena capital presenta sesgos raciales y socioeconómicos.

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Sin embargo, la administración de Donald Trump ha mantenido una postura favorable a su continuidad, citando el derecho de los estados a decidir sobre el castigo capital y señalando que “las víctimas merecen justicia completa”.

Con información de Excélsior