En próximos días se emitirán las medidas de apremio, sanciones o la configuración de algún delito que decida la jueza federal, por el desacato a la suspensión definitiva de las corridas de toros en la Feria Nacional de Zacatecas, informó el abogado Jorge Rada, quien promovió el amparo a nombre del Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna).   Para el abogado, la celebración de las corridas de toros, así como la venta de boletos y la difusión del serial taurino, son una muestra de la violación flagrante a una resolución judicial, por lo que el Colectivo ha reunido todas las pruebas del incumplimiento. Se dijo preocupado de las señales que ha dado este gobierno con la violación reiterada de los derechos humanos y el incumplimiento a la ley, pues no sólo es el caso de las corridas de toros, sino también de la falta de pago a pensionados y jubilados. “Cuál es el mensaje que se está brindando por parte del gobernador, incumplir normas, violar derechos humanos, no respetar el estado de derecho, ya se ha hecho en otros aspectos”, dijo. De momento, esperarán los tiempos procesales, para que se proceda contra las autoridades, pues señaló que la clausura a la Plaza de Toros fue una simulación, pues las corridas se han seguido desarrollando como estaban planeadas. “Están jugando con fuego, es un tema delicado… esta estrategia jurídica que ha seguido el gobierno del estado, es la falta de respeto al debido proceso, y es un tema que creo que desgasta de manera innecesaria la actual administración, por lo que deben cambiar de ruta, es una batalla legal que van perdiendo”, dijo. Señaló que la ley prevé supuestos, sanciones y delitos, que podrían ser castigados de tres a nueve años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación de cualquier cargo público. “Pusieron en una situación muy delicada al gobernador y a la administradora del DIF que maneja la plaza, es una novela que tendrá un desenlace interesante y podría sentar un precedente”, dijo. Informó que la audiencia constitucional se celebrará en octubre y será cuando haya las condiciones, para un pronunciamiento de la jueza al respecto, que podría poner a disposición a funcionarios que hayan violado la suspensión.