Después de escribir y culminar un proyecto académico denominado 12 ensayos sobre la desaparición en México (2024–2025), redactados en formato académico a partir de mi análisis como profesor universitario de la Facultad de Derecho, y que a la brevedad será publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UASLP, considero un deber, en este inicio del año 2026, proyectar las acciones necesarias para implementar medidas que contribuyan a resolver el grave problema de las desapariciones en México. De esta manera, se busca fortalecer recomendaciones y estrategias integrales de carácter regional en todo el país, que combinen la prevención social (educación, oportunidades para jóvenes, seguridad en línea), medidas de protección (para personas buscadoras, no estigmatización) y el fortalecimiento institucional (acceso a la información para autoridades y coordinación interinstitucional). Todo ello con un enfoque centrado en la prevención desde la raíz, la atención a grupos vulnerables y el combate a la impunidad, con la participación activa de la sociedad civil y los colectivos de búsqueda. Los análisis recientes, así como los foros interpretativos impulsados por la CEBP en coordinación con la UASLP, obligan a desarrollar las siguientes diez estrategias, que se estructuran de manera breve para su mejor comprensión: Estrategias de prevención social y familiar

• Información y rutinas: Informar a la familia sobre lugares y compañías; evitar rutinas fijas; enseñar a niñas, niños y adolescentes a desconfiar de personas extrañas y a no proporcionar datos personales.

• Seguridad digital: Educar sobre los riesgos en línea, evitar compartir información personal y promover el uso responsable de redes sociales.

• Apoyo a jóvenes: Fomentar la economía local y generar oportunidades para jóvenes, con el fin de alejarlos de actividades ilícitas y prevenir el reclutamiento forzado. Estrategias de búsqueda y protección (colectivos y autoridades)

• No estigmatización: Evitar la estigmatización de las personas desaparecidas y de quienes las buscan; proteger a las mujeres buscadoras frente a ataques y violencia.

• Protección y asistencia: Garantizar recursos, apoyo económico y medidas de protección para las mujeres buscadoras.

• Acceso a la información: Las autoridades de búsqueda deben contar con acceso irrestricto a toda la información relevante, incluidos archivos militares y de seguridad, para facilitar la localización.

• Seguridad en la búsqueda: Crear equipos coordinados, contar con listas de participantes, monitorear ubicaciones y enfatizar el autocuidado en búsquedas realizadas en zonas de riesgo. Estrategias institucionales y legales

• Fortalecimiento de la prevención: Implementar campañas permanentes sobre riesgos y protocolos de actuación, con la participación de instituciones y de la sociedad.

• Mecanismos de búsqueda: Establecer políticas públicas de búsqueda con coordinación interinstitucional y reconocimiento de problemáticas específicas, como la implementación del Gabinete de Búsqueda en todos los estados de la República.

• Atención a la impunidad: Combatir la impunidad mediante acciones penales y sanciones a los responsables, en particular en casos de desaparición forzada y violencia contra mujeres buscadoras. En resumen, la prevención de la desaparición en el inicio del año 2026 requiere un enfoque integral que abarque la educación familiar, la seguridad digital y el fortalecimiento institucional. En este sentido, la CEBP en San Luis Potosí colabora, a través de convenios con la UASLP y la FGE del estado, en el diseño de políticas públicas que generen oportunidades, fortalezcan los procesos de búsqueda y combatan la impunidad, siempre con la participación activa y la protección de las víctimas y sus familias.