El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, toma posesión de la Presidencia hasta el próximo 20 de enero; sin embargo, los legisladores de su país ya han comenzado con el reforzamiento de su política antimigrante, la cual anunció desde su campaña y la ha reforzado en distintos discursos tras su triunfo.

Un ejemplo de esto es que la Cámara de Representantes aprobó el martes pasado la ley Laken Riley, mediante la cual se busca detener y deportar a migrantes acusados de delitos menores. Aún falta que sea sometida al escrutinio final del Senado, pero algunos demócratas consideran que su aprobación podría favorecer la criminalización de los migrantes.

La ley Laken Riley lleva este nombre por una estudiante de 22 años que fue asesinada por José Antonio Ibarra, un migrante de Venezuela que era buscado en México por robar en tiendas y recibió una condena de cadena perpetua. Trump citó este caso en varias ocasiones durante su campaña electoral.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que a partir de la aprobación de esta ley empiezan con la seguridad fronteriza, como prometieron los republicanos.

El representante demócrata Adriano Espaillat señaló que es un proyecto legislativo que promueve más la "retórica que criminaliza a los migrantes y pone a familias inocentes en peligro".

¿La ley Laken Riley favorece las deportaciones?

Desde que Trump se localizaba en campaña, distintos especialistas advirtieron la posibilidad de que una de las medidas que iba a implementar, si se convertía en presidente por segunda ocasión, era deportar a los migrantes que incurrieran en un delito menor. Lo que se pretende con este proyecto.

La ley Laken Riley, que también es conocida como H.R. 7511, si se aprueba, la capacidad de las agencias migratorias para detener y deportar migrantes en EU. Asimismo, permite que los estados demanden al gobierno federal si consideran que existe un incumplimiento en la responsabilidad de proteger la frontera.

A través de este proyecto se busca ampliar las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre sus objetivos está facilitar el arresto de migrantes que no cuenten con documentos que acrediten su estancia legal y que hayan sido acusados o condenados por delitos menores como robo, hurto o allanamiento de propiedad, aunque no hayan cometido crímenes violentos.

Igualmente se busca la emisión de órdenes de detención para que los migrantes permanezcan bajo custodia federal hasta que sus casos se resuelvan, incluso si no están bajo la jurisdicción de autoridades locales o estatales.

Además, varias organizaciones han advertido que, además de aumentar las deportaciones, va a contribuir a la eliminación del debido proceso para los migrantes que sean acusados.

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En este sentido, la Coalición de Inmigración de Nueva York resaltó que los migrantes que sean detenidos por esta ley podrían ser separados de manera permanente por sus familias sin antes defenderse en un tribunal de justicia, según EFE. Esto pese a que las estadísticas muestran que los migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos estadounidenses.

Con información de Radio Fórmula