Estados Unidos condicionó la reducción de 50 a 25 por ciento de aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá a que las empresas incrementen su inversión productiva en su territorio, en una medida que busca atraer capacidad industrial hacia su economía.

La disposición, publicada en el Registro Federal estadounidense, establece que los aranceles podrán reducirse para los envíos que cumplan con estrictos requisitos, particularmente aquellos vinculados a la cadena de suministro de vehículos medianos y pesados, como camiones y autobuses.

El beneficio está limitado a empresas que presenten compromisos concretos de producción en Estados Unidos, incluyendo ubicación, capacidad instalada y cronogramas de inversión, además de exigir que el procesamiento de fundido y colado (“melted and poured”) se realice en la región, así como la condición de ser proveedor, directo o indirecto, de la industria automotriz pesada en ese país.

Presionan a industriales

Para Gerardo Tajonar, vicepresidente de comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México, la medida no representa un incentivo genuino, sino un mecanismo de presión sobre la industria mexicana.

“La condicionante impuesta por el Departamento de Comercio estadounidense no representa una conveniencia operativa para el sector privado nacional, sino un mecanismo de coerción arancelaria; se obliga a la industria nacional a financiar la reindustrialización de Estados Unidos como peaje ineludible para mantener su competitividad”, afirmó.

Desde su perspectiva, el esquema puede interpretarse como un “nearshoring inverso”, al incentivar el traslado de capital hacia territorio estadounidense en detrimento de la inversión doméstica.

“Denominarlo nearshoring inverso describe acertadamente el fenómeno, ya que incentiva el desvío de flujos de capital mexicano hacia territorio estadounidense”, añadió.

El nuevo esquema también anticipa cambios más profundos en la relación comercial de Norteamérica, particularmente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Tajonar, la medida implica un endurecimiento de facto de las reglas de origen.

“El condicionamiento arancelario opera como un endurecimiento de facto de las reglas de origen, obligando a trasladar la generación de valor agregado físicamente hacia Estados Unidos”, señaló.

Añadió que este tipo de políticas envían una señal clara de la postura negociadora de Washington rumbo a la revisión del acuerdo comercial.

Incentivo insuficiente

A pesar de la reducción arancelaria, Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideró que el incentivo sería insuficiente para detonar nuevas inversiones, ya que el diferencial arancelario difícilmente compensa los costos estructurales de producir en EU.

“Estamos hablando de un diferencial del 50 al 25 por ciento; no me parece tan atractivo considerando costos de inversión, mano de obra y energía en EU”, subrayó.

El especialista prevé que la medida funcione como un factor adicional dentro de decisiones de inversión ya previstas por algunas empresas, pero no como un detonante principal.

“Dudo mucho que estas empresas por sí solas decidan invertir en Estados Unidos; puede ser una razón adicional dentro de múltiples factores, pero no la razón principal”, explicó.

González advirtió que este esquema podría replicarse en otros sectores y formar parte de una estrategia más agresiva en política comercial, como ya ocurrió en la industria farmacéutica, donde se han planteado aranceles elevados condicionados a inversión en ese país.

“Sí veo a una administración que quiere implementar este tipo de tratos, donde te digan te pongo aranceles a menos que inviertas; es un ‘me doy y te das’”, dijo.

Incluso, consideró que este enfoque podría incorporarse en futuras modificaciones al T-MEC, elevando los requisitos de contenido regional y producción en EU.

La medida está enfocada exclusivamente en vehículos medianos y pesados, dejando fuera al segmento de vehículos ligeros, lo que introduce un elemento adicional de presión en la relación comercial.

En la práctica, la política impactará principalmente a los grandes fabricantes automotrices con fuerte presencia en Norteamérica, como General Motors, Ford Motor Company y Stellantis, así como a su red de proveedores, que dependen de flujos integrados de acero y aluminio en la región.

La disposición deriva de la proclamación emitida en octubre de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que habilitó la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional y, en este caso, la creación de mecanismos de flexibilización para insumos estratégicos.

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Con información de El Financiero