Cuando se escucha la palabra "purga" en un contexto político, lo primero que viene a la mente es un despido de funcionarios que gobiernos autoritarios consideran como desleales o incluso opositores. Y hasta hace un año, o menos quizá, pocos si acaso hubieran usado la palabra en relación con Estados Unidos. Pero ahora forma parte del vocabulario político estadounidense, más allá de la decisión de reducir el tamaño del gobierno que llevó a la creación del Departamento (Secretaría) de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La realidad es que docenas, probablemente cientos de funcionarios, han sido despedidos menos por problemas de eficiencia o redundancia que por ser políticamente demócratas o cuestionar algunas decisiones del gobierno. O como criticó Andrew Egger, en la publicación electrónica conservadora The Bulwark, simplemente por el hecho de ser liberales. O en el caso de la orden del Departamento de Defensa a la Academia militar de West Point, por el hecho de ser civiles.

La prensa estadounidense ha consignado ya por semanas la tendencia del gobierno del presidente Donald Trump a deshacerse del personal incómodo, pero también la inclinación de sus aliados a "denunciar" a "liberales" en la burocracia. 

Pero la creación forzada de una burocracia "confiable" llevó ya a lo que el diario cibernético Axios describe ahora como "un gobierno en el que los funcionarios que mantienen armas nucleares, supervisan ensayos médicos o protegen secretos de Estado tienen currículums más cortos y menos personal, probablemente durante muchos años". En otras palabras, a sustituir experiencia por lealtad política. A cambio, sin embargo, el gobierno Trump tiene menos generales dispuestos a cuestionar el uso de tropas de la Guardia Nacional en funciones de policía local; menos funcionarios judiciales que señalen decisiones mal fundamentadas, o menos analistas de inteligencia que lleguen a conclusiones en desacuerdo con la verdad oficial.

La combinación de una "purga" de elementos "desconfiables" y la reducción de personal llevó a la salida de cientos de directivos y empleados del Centro de Control de Enfermedades (CDC), que entre otras favorece políticas de vacunación en un Departamento de Salud encabezado ahora por Robert Kennedy, un activista anti-vacunas y sus aliados.

En una situación similar se encuentran organismos como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Dirección Nacional de Inteligencia (NDI), el Servicio Nacional de Previsión del Clima, la Administración federal para Desastres Naturales (FEMA) o el Departamento de Seguridad Nacional.

Igualmente, el Departamento de Estado perdió cientos de empleados, mientras las agencias descentralizadas o independientes se han visto reducidas no solo en tamaño, sino incluso en autoridad y funciones. En todo caso, esas consideraciones no parecen ayudar a que los estadounidenses cambien su tradicional desconfianza en la autoridad: menos de 25 por ciento confía en que su gobierno hará lo correcto.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

[email protected] 

@CARRENOJOSE