El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes nuevas restricciones de visa contra más de 100 integrantes del Gobierno de Nicaragua y sus familiares, tras la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció encarcelado casi tres años. Washington atribuyó responsabilidad política al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y aseguró que no ignorará lo ocurrido con el opositor nicaragüense.

La decisión de la diplomacia estadounidense llega apenas unos días después del fallecimiento de Brooklyn Rivera, histórico dirigente del pueblo miskito, exdiputado y una de las voces más reconocidas de la oposición indígena en Nicaragua.

Rivera murió el 31 de mayo a los 73 años en su comunidad natal, después de que su estado de salud se deteriorara durante los casi tres años que permaneció privado de la libertad. El propio Gobierno nicaragüense reconoció el deterioro físico del dirigente durante su reclusión.

El líder indígena había sido detenido el 29 de septiembre de 2023 en la ciudad caribeña de Bilwi. Para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Rivera era considerado un "preso de conciencia", una denominación reservada para personas privadas de la libertad por motivos políticos o de opinión.

Rubio endurece las sanciones contra Ortega y Murillo

En un comunicado oficial, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos "no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera".

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que esta nueva medida amplía las sanciones migratorias ya existentes y eleva a más de 2 mil 350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares el número de personas sujetas a restricciones de visado impuestas por Washington.

Como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos, el Departamento de Estado no hizo pública la lista de los afectados. La legislación estadounidense establece que la información relacionada con visados tiene carácter confidencial, una política que las autoridades recordaron tras el anuncio.

No obstante, el comunicado menciona específicamente a Lumberto Campbell Hooker, alto funcionario nicaragüense que ya había sido sancionado financieramente por Estados Unidos en 2019, cuando ocupaba la presidencia interina del Consejo Supremo Electoral.

Según Washington, Campbell Hooker habría participado directamente en la negativa de atención médica a Brooklyn Rivera y en impedir que sus familiares realizaran los funerales del dirigente indígena.

Muerte del líder miskito provoca reacciones internacionales

El fallecimiento de Rivera ha generado una nueva ola de críticas contra el Gobierno de Nicaragua desde organismos multilaterales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó una investigación "rápida, imparcial y transparente" sobre las circunstancias de la muerte del dirigente indígena.

A esa petición se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana condenó el caso y manifestó preocupación por la situación de los presos políticos en el país centroamericano.

La respuesta internacional se produce en un contexto de creciente aislamiento diplomático para el Gobierno de Ortega y Murillo, especialmente desde las protestas sociales de 2018, cuya represión fue ampliamente documentada por organismos internacionales.

La política de visas de Estados Unidos hacia Nicaragua

Las nuevas restricciones forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno estadounidense para aplicar sanciones migratorias a funcionarios y personas que, a juicio de Washington, estén relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos o con acciones que afecten los procesos democráticos.

En febrero, Estados Unidos anunció sanciones contra el director de una cárcel de máxima seguridad en Nicaragua, al que acusó de participar en graves violaciones de derechos humanos. Meses antes, el Departamento de Estado había impuesto restricciones de visa a otros funcionarios de la región, aunque sin revelar sus identidades.

La medida anunciada este lunes confirma que Nicaragua continúa siendo uno de los principales focos de atención de la política exterior estadounidense en América Latina.

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Con información de Excélsior