Desde su designación como Secretario de Defensa, ahora "de Guerra", Peter Hegseth ha estado en el ojo de un huracán mediático y político, pero ahora está en medio de una controversia por el posible asesinato de dos sobrevivientes de un primer ataque contra un barco que presuntamente transportaba narcóticos en el Mar Caribe.

Para algunos en Estados Unidos, puede ser un crimen de guerra. O por lo menos de jurisdicción criminal. La mera posibilidad causó indignación en el Congreso, y anuncios de investigaciones legislativas con respaldo de demócratas y republicanos. Hegseth, además, no es un personaje exactamente popular en el Congreso. De acuerdo con reportes publicados hace cuatro días por el diario The Washington Post, el pasado 2 de septiembre, aviones estadounidenses destruyeron un supuesto barco narcotraficante frente a la costa de Trinidad, en el marco de las operaciones antidrogas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según The Washington Post, Hegseth ordenó verbalmente la muerte de todos los que estaban a bordo. Dos sobrevivientes del primer ataque permanecieron aferrados a los restos. Bajo la directiva de Hegseth, el almirante Frank "Mitch" Bradley los consideró como objetivos válidos y ordenó un segundo ataque, que los mató.

Hegseth dejó claro que cree que el almirante Bradley, que era Jefe de Operaciones Especiales, es el responsable del hecho, y tanto él como la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresaron su apoyo al militar. Pero de acuerdo con algunos analistas, incluso Britt Hume, de la cadena Fox, el presunto apoyo público de Hegseth a Bradley es una forma de acusarlo mientras finge apoyarlo. El periódico político The Hill consignó que "expertos legales han afirmado que matar a estos sobrevivientes es ilegal según el derecho estadounidense e internacional.

Además, la campaña más amplia de atentados con bomba contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico es legalmente sospechosa".

Peor aún, según la misma publicación, existe la convicción de que Hegseth puede ser considerado como el responsable último de lo que sería un crimen de guerra, mientras Bradley enfrentaría el precedente de los Juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, de que seguir órdenes no es excusa para cometer violaciones a los derechos humanos.

Y rematar a un adversario inerme es un crimen bajo leyes de guerra y leyes estadounidenses. El escándalo refleja los problemas de Hegseth con el Congreso, sobre todo luego de amenazar con cortes marciales a exmilitares –incluso al menos un senador– por haber exhortado a personal activo a no acatar órdenes ilegales, un derecho amparado en el Código Militar estadounidense. Como remate hay muchos militares, incluso altos oficiales, preocupados por la posibilidad de que estén expuestos a daños legales, según Frank Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, que dirige The Orders Project, que ofrece asesoramiento legal gratuito al personal militar.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

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