El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, posponer la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, originalmente programada para el 30 de junio, alegando problemas de logística y seguridad.

La fiscalía explicó que la fecha coincide con la celebración del Mundial 2026, que tendrá un partido de dieciseisavos de final en Nueva York ese mismo día. Por ello, pidió que la audiencia se reprograme para el 22 de julio a las 12:00 p.m., cuando el torneo ya habrá concluido (la final está prevista para el 19 de julio).

En la audiencia se podría definir si el caso avanza a juicio formal. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, por los que se declaró no culpable. La defensa de Maduro y Flores aceptó la solicitud de aplazamiento.

A principios de junio, la abogada Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, se incorporó formalmente al equipo legal del mandatario venezolano. 

Estevao participó en la defensa del magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, en un juicio que concluyó con la absolución del artista de los cargos más graves. Ahora se suma al abogado principal de Maduro, Barry Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y quien adelantó que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos.

Financiamiento de la defensa

En abril, el gobierno estadounidense autorizó que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro, tras una disputa sobre el uso de fondos públicos para cubrir honorarios. 

La decisión supuso un cambio respecto a restricciones previas derivadas de las sanciones contra Caracas, aunque se establecieron condiciones específicas sobre el origen y disponibilidad de los recursos.

Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York para enfrentar la justicia. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por tensiones diplomáticas y por la expectativa de un juicio que podría tener repercusiones políticas y económicas tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

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Con información de Excélsior