La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Adriana “N”, por los delitos de abuso de confianza y ejercicio ilícito de las funciones públicas, cometidos en agravio del municipio de San Ciro de Acosta. De los hechos de este caso, se suscitaron del 3 de enero al 12 de octubre de 2022, cuando la acusada se desempeñó como Directora de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento, dentro de la administración municipal 2021–2024, cargo desde el cual tenía a su cargo la operación y coordinación de diversos programas asistenciales. Entre dichos programas se encontraban apoyos a diversas asociaciones y fundaciones, cuyo objetivo es la adquisición de insumos a bajo costo para la construcción de vivienda, así como productos relacionados con la construcción, semovientes y herramientas. Durante el periodo mencionado, Adriana “N” recibió diversas solicitudes de apoyo por parte de habitantes del municipio, quienes entregaron cantidades económicas para la compra y posterior entrega de los apoyos solicitados, recursos que debían ser enterados al Departamento de Tesorería Municipal, junto con los recibos y balances correspondientes. No obstante, derivado de la revisión de las cantidades recibidas y entregadas, se detectó un faltante económico superior al medio millón de pesos, toda vez que la sentenciada fue quien recibió directamente los recursos y expidió los recibos correspondientes, sin realizar el entero respectivo. Estas irregularidades fueron denunciadas ante la FGESLP, quienes dieron seguimiento al caso y llevaron a la señalada ante la autoridad judicial, donde recorrió las diversas etapas del sistema penal hasta que se avanzó hasta un juicio oral.  Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H De esta manera, la responsable del delito de abuso de confianza y de ejercicio ilícito de sus funciones recibió una sentencia condenatoria de siete años de prisión ordinaria; además, deberá pagar económicamente los conceptos de reparación del daño y una sanción pecuniaria imputa por el Estado.