La impugnación que recientemente presentó el Gobierno de México en contra de la determinación de una jueza que los obligaba a vacunar contra covid-19 a niños y niñas con comorbilidades, es una señal de que el propio gobierno no está garantizando el derecho a la salud de las infancias al no estar permitiéndoles acceder a la vacuna, cuando además hay una falta de medicamentos, indicó Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En entrevista para, Así Las Cosas, expuso que la política del Gobierno Federal no toma en cuenta a los niños, niñas y adolescentes para su protección en contra de la pandemia, desde un derecho superior de la protección a la infancia. Incluso no descartó que al querer dejar la federación fuera a la infancia en México de esta política de protección, estaría significando un hecho de discriminación, pues recordó que este sector poblacional es uno de los más grandes de nuestro país. “No es un argumento para negarlos, sí es un argumento para decir que otras formas de administrarse la vacuna, es lo mismo que sucedió cuando comenzaron a vacunar a los adultos mayores de 80 años. Pero eso es distinto a dejar fuera de la política de salud a los niños e impugnar una decisión de una jueza que lo que quería era ampliar el margen de la justicia y la acción pública encausada hacia la niñez”.