La Fiscalía General del Estado tiene en el Código Penal artículos para castigar la conducta del halconeo, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará como inconstitucional el articulado que hacía referencia a ello, aseguró el Dr. Raymundo Sandoval del colectivo La Libertad de Expresión de Guanajuato.  El lunes pasado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la invalidez del artículo 222-b del Código Penal para el Estado de Guanajuato que establecía el delito de “halconeo”; reforma al Código Penal que fue aprobada por el Congreso del Estado el 31 de julio de 2019. “Lo que sigue es que la fiscalía haga uso de los recursos que tiene el Código Penal para castigar esa conducta, me parece que la decisión de la Suprema Corte de Justica fue muy clara en el sentido de que no hacía falta un tipo penal en ese sentido, y que tuviera el riego de limitar la libertad de expresión” explicó.  Lamentó que aun cuando se advirtió desde el 2019 de los riegos que implicaba la reforma al Código Penal se mantuviera la idea, que incluso, ya se había decretado inconstitucional. Porque lo que realmente pasó en el Congreso del Estado fue copiar un artículo que ya había sido declarado como inconstitucional  El colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato y la organización ARTICLE 19 promovieron un amparo por la reforma derivado del riesgo latente para inhibir la libertad de expresión.  A decir del Dr. Sandoval Bautista pese a que desde el Congreso del Estado y la Fiscalía se afirmó que no sería un tema para perseguir a medios de comunicación, hay un riesgo. Y es que este articulado vulneraba el ejercicio de las libertades de expresión, información y la labor periodística.  “Sí bien señalaron que no estaba dirigido para periodistas, si es cierto que este efecto inhibidor está presente y es el que en términos prácticos es el que puede limitar la difusión de información” Eso dado la falta de claridad y ambigüedad con el que estaba redactado, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Por lo pronto, recomendó a la Cámara de diputados a nivel federal, comenzar el análisis en las otros 20 entidades del país en las que existe este delito, y “revisar sus Códigos Penales que puedan ser criminalizantes”.