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Las víctima que en marzo fueron secuestradas en el Altiplano no quisieron declarar por el secuestro masivo que sufrieron
01:50 miércoles 1 julio, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP. — La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación por la privación ilegal de la libertad de siete trabajadores electricistas ocurrida en marzo pasado en Matehuala, pese a que las víctimas decidieron no continuar colaborando con las autoridades, informó la fiscal general Manuela García Cázares.
La titular de la FGE explicó que, tras rendir sus primeras declaraciones luego de ser localizados con vida, los siete trabajadores regresaron a su municipio de origen, Cárdenas, donde optaron por no proporcionar más información sobre lo ocurrido.
"No quisieron dar más declaraciones", señaló la fiscal, quien precisó que esta decisión no detiene las investigaciones, ya que la institución tiene la obligación de continuar con la integración de la carpeta y dar con los responsables de los hechos.
El caso ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando los trabajadores, originarios de Cárdenas, regresaban por la carretera federal 57, a la altura de Matehuala, después de concluir una jornada laboral subcontratada para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Horas después, el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la zona, lo que dio origen a un operativo de búsqueda.
De acuerdo con las declaraciones que las propias víctimas realizaron tras ser liberadas, fueron privados de la libertad por un grupo delictivo que pretendía obligarlos a realizar trabajos de instalaciones eléctricas para la organización criminal. Los electricistas relataron que permanecieron durante más de 48 horas en una casa de seguridad, donde estuvieron amarrados y con los ojos vendados.
Posteriormente, sus captores decidieron dejarlos en libertad. Los trabajadores caminaron hasta una caseta de cobro, donde solicitaron ayuda y pudieron ponerse a salvo. La Fiscalía confirmó entonces que los siete se encontraban en buen estado de salud.
Durante la entrevista, García Cázares también fue cuestionada sobre la ausencia de este caso en algunos registros de la Secretaría de Seguridad. Al respecto, aseguró que la Fiscalía cumple con la obligación de remitir toda la información relacionada con investigaciones, estadísticas y carpetas de investigación a las instancias correspondientes para su incorporación en las plataformas federales.
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La fiscal reiteró que, aunque las víctimas hayan decidido no ampliar su testimonio, la investigación continúa abierta y la Fiscalía seguirá con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a quienes participaron en la privación ilegal de la libertad de los siete trabajadores.