Francia empieza 2022 con una evolución de sus métodos contra el coronavirus, con restricciones que abogan cada vez más por conciliar vida económica y sanidad: los aislamientos se reducen y en las escuelas las clases dejarán de cerrar cuando haya positivos. La extrema vigilancia se impone en este enero, cuando Francia espera alcanzar el pico de enfermos en hospitales y tras una semana en la que se han sumado hasta un millón de positivos, con hasta 200 mil casos nuevos diarios. Ante esta perspectiva, el país se ha sumado a la decisión de otras naciones de reducir los periodos de aislamiento en vacunados, que solo tendrán que pasar una cuarentena de siete días cuando den positivo, o de cinco si tras 48 horas sin síntomas vuelven a dar negativo. Los contactos estrechos de la enfermedad que estén vacunados no tendrán que aislarse -solo se les recomienda que extremen las precauciones-, pero sí multiplicar los diagnósticos. El primer día deberán acudir a una farmacia donde se someterán a una prueba gratuita y si es negativa recibirán gratis dos autotests suplementarios que tendrán que hacer en un intervalo de cuatro días. Este será exactamente el mismo procedimiento que seguirán los menores de edad, incluido en las escuelas desde el regreso a las aulas este lunes. Las clases no se cerrarán automáticamente cuando haya tres positivos, sino que los niños tendrán que pasar también por las tres pruebas de diagnóstico en cuatro días para evaluar su estado y acreditar siempre el test negativo. “Los padres tendrán que mostrar por escrito que los test han sido realizados y que son negativos”, explicó el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, en una entrevista al diario Le Parisien. Por su parte, las personas no vacunadas -más de cinco millones, sin contar a los menores de 12 años- deberán guardar una cuarentena de diez días si dan positivo y de siete si son casos de contacto. Vuelta al home office y fin de grandes aglomeraciones En la emisora France Inter, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, declaró que la variante delta “amenaza” las ucis con formas graves y la ómicron podría saturar las camas de hospitales por los numerosos casos sintomáticos. “En ambos casos, la dosis de refuerzo protege. El teletrabajo, la limitación de grandes concentraciones y el pasaporte de vacuna son un freno”, recalcó. El teletrabajo vuelve a ser obligatorio al menos tres días a la semana, aunque recomiendan cuatro, y las empresas que no respeten la norma se enfrentarán a multas de mil euros por empleado hasta llegar a los 50 mil. En bares y restaurantes el consumo de pie queda prohibido, así como la ingesta de comida y bebida en transportes públicos, incluido tren y avión, pero también en cines, estadios deportivos y otros puntos de aglomeración. Para frenar las grandes concentraciones de público el Gobierno ha limitado los eventos en interior a 2 mil personas y a 5 mil en exterior, aunque todavía no se han pronunciado a favor de la demanda de algunos sectores de que esta limitación sea proporcional al tamaño de la sala. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, anunció tras una reunión con representantes sindicales que el Estado cubrirá el 100 por ciento del paro parcial en las empresas afectadas por las nuevas restricciones que hayan perdido al menos el 65 por ciento de su facturación. El Estado asumirá además todos los gastos fijos de empresas que hayan perdido al menos 50 por ciento de sus ingresos. La Asamblea Nacional debate el proyecto de ley presentado por el Gobierno para cambiar el actual pasaporte sanitario por un pasaporte de vacunación, que restringirá desde el 15 de enero el acceso a museos, teatros, bares, gimnasios y otros lugares públicos. Ya no valdrá con presentar un test negativo, sino que será necesario mostrar un certificado de vacunación y a partir del 15 de febrero la pauta no se considerará completa si no se ha puesto la dosis de refuerzo, abierta para todos los mayores de 12 años cuatro meses después de la segunda. El proyecto de ley prevé además endurecer las sanciones contra la falsificación de pasaportes de vacunación, que podrán alcanzar los 75 mil euros de multa y hasta cinco años de prisión, mientras que mostrar un pasaporte de otra persona pasará de costar 135 euros de multa a mil. Otro punto polémico: en caso de duda, los propietarios del local podrán incluso verificar la identidad del sujeto. Se espera que el texto sea votado por los diputados, en manos de la mayoría macronista, si bien algunos grupos, como el ultraderechista Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional), han avisado ya que votarán en contra. --

Con información de López-Dóriga digital / EFE