Carretas y carruajes fueron usados en la edificación de barricadas en revueltas desde el siglo XVI: he ahí el antecedente de la práctica moderna de volcar y/o incendiar automóviles en episodios de insurgencia popular, cuyo primer avatar documentado son los disturbios raciales de Watts, acaecidos en 1965 en Los Ángeles. Los hechos que les dieron lugar aparecen ligados al automóvil: violencia policial en el arresto de un hombre negro que conducía en estado de ebriedad. De ahí que la minoría negra inconforme se volcara a un acto simbólico: si había automovilistas de primera y de segunda, y si el emblema del poder de la autoridad eran sus vehículos, no cabía acto más subversivo que voltear las patrullas y prenderles fuego. En su libro Constructing the Political Spectacle, el politólogo Murray Edelman afirma que “la quema de automóviles por parte de manifestantes es un evento teatralizado que inspira miedo o ira en la gente… Puede ser interpretado como signo de descomposición social, amenaza a la legalidad, desafío a la autoridad, demanda de justicia social, protesta contra la opresión o manifestación de alienación”. De ahí que el hecho de que, en las recientes protestas parisinas contra la reforma al sistema de pensiones, los manifestantes hayan incendiado vehículos se antoje extremo: una política pública impopular –pero que deja a Francia con un sistema de seguridad social que envidian muchos países– difícilmente ameritará tales actos. Que uno de los vehículos vandalizados haya estado identificado como dedicado a la atención de urgencias médicas a domicilio lo hace doblemente injuriante. Veíamos con franca tristeza en redes sociales tal escena cuando a los pocos días era suplantada por otra, más cercana a nuestro entorno: en una concentración convocada por el partido en el gobierno de México, simpatizantes quemaban en efigie a la presidenta del Poder Judicial por razones no demasiado distintas a las de los manifestantes franceses –por poner en tela de juicio la constitucionalidad de una serie de reformas de Ley hechas a iniciativa del Ejecutivo– sólo que en un escenario aún más absurdo: la ministra todavía no ha emitido una opinión, menos un voto.  La quema en efigie como protesta política es mucho más antigua que la de vehículos. Se remonta al siglo XVII británico, cuando la mayoría protestante desplegaba su rechazo a la posibilidad de una monarquía católica –y su intolerancia religiosa– prendiendo fuego a representaciones del diablo pero también del papa. Práctica que por desgracia ha sobrevivido en el extremismo político de todo signo, la quema en efigie se antoja antítesis de los mecanismos democráticos para resolver las diferencias, transformación de la política en ideología, de la ideología en fe y de la fe en odio.  El mundo arde. La culpa es de todos.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

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