Una vez concluido el proceso de auditorías y revisión a todas las áreas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el gobierno estatal reveló que el daño presupuestal al erario asciende a poco más de 7 mil 300 millones de pesos, por lo ya se preparan los expedientes que serán enviados a la Contraloría General del Estado para que se proceda conforme a derecho. En este sentido, vale la pena recordar que desde los informes de ejercicios fiscales anteriores, la Auditoria Superior del Estado (ASE) ya habría alertado que Jesús Medina Salazar otorgaba millonarios contratos a media docena de empresarios de la construcción, quienes lo acompañaron a lo largo de toda la administración carrerista, es decir, que ya existían pruebas, pero nada sucedió entonces. Pero las obras no solo fueron entregadas a sus amigos constructores, también se privilegió con millonarias adjudicaciones de obras a empresas de familiares directos del exfuncionario estatal, como lo fue el contrato a la empresa Infraestructura del Golfo S.A. de C.V. propiedad del hijo y hermano de Jesús Medina, para la ampliación de la carretera Valles-Tamazunchale. Con respecto a obras bajo su control, está el proyecto de La Maroma, la presa cuya construcción suspendió la propia Comisión Nacional del Agua porque encontró muchas irregularidades en torno al manejo de los recursos, pues se utilizaron casi 300 millones de pesos, y no construyeron ni la cortina, tal como ha demostrado la administración de Ricardo Gallardo Cardona. En el caso del informe individual del 2020, correspondiente a la CEA, los auditores de la ASE hicieron observaciones por un importe superior a los 6 millones 200 mil pesos. Del monto observado, 5.3 millones de pesos corresponden a multas que no fueron cobradas efectivamente a la empresa operadora de la presa de El Realito, por sus constantes fallas que en cada ocasión dejan sin agua a aproximadamente 250 mil habitantes de la Zona Metropolitana. Otra de las observaciones, por la cual incluso se inició un procedimiento administrativo sancionador corresponde a la adquisición de una camioneta Jeep hibrida modelo 2021, que tuvo un costo de casi un millón de pesos, sin que hubiera una justificación valida para su compra. En el informe, los auditores señalaron que dicha adquisición incumple los requisitos que establece el reglamento del Comité de Adquisiciones de la CEA, ya que no se pudo justificar la compra de este lujoso vehículo todo terreno que tiene como lema comercial: "la SUV más capaz de la historia". Pue se pudieron haber comprado otro tipo de unidades más modestas tipo Pick up y/o sedán.