El gobierno de Chihuahua respondió que es un acto sin precedentes que la Fiscalía General de la República (FGR) haya citado comparecer a la gobernadora del estado María Eugenia Campos, y consideró el hecho como violatorio de la Constitución y un acto de persecución política. La cita a comparecer en la Ciudad de México se da en el marco de una carpeta de investigación federal en torno a la presencia y participación de agentes estadounidenses de la CIA en Chihuahua y en la destrucción de un enorme narcolaboratorio de drogas en la sierra tarahumara. El gobierno consideró que "la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal." Acusó que la actuación de la Fiscalía General de la República "es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua." Por ello, aseguró que se trata "de un evidente caso de persecución política, ordenado desde Palacio Nacional".

Señalaron que por el contrario, el citatorio contrasta con la protección que han brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de legisladores y funcionarios acusados por Estados Unidos, por vínculos con el crimen organizado y narcoterrorismo. La gobernadora Campos Galván declaró que se trata de un doble rasero de Morena, "lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”. La oficina de gobierno anunció que analiza las acciones que habrá de tomar ante esta arbitrariedad, aunque la gobernadora anunció públicamente que acudirá a dicha comparecer.

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