A pesar de ser competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal emitir el Plan Integral de Reparación de Daño a favor de la familia de la joven Karla “N”, se brindó atención su madre, quien se desempeña como trabajadora de la administración estatal.

El lamentable feminicidio de Karla “N”, en octubre de 2012, y los obstáculos para que su familia acceda a la justicia es un claro ejemplo del descuido de la herencia maldita y, de ninguna manera se repetirá en esta administración.

Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General del Gobierno de San Luis Potosí, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, quien puntualizó que el nuevo Gobierno estatal realiza todas las modificaciones estructurales y jurídicas necesarias en sus dependencias para profesionalizar el acceso a la igualdad y la justicia a las mujeres.

Rechazó que el gobierno estatal incumpla el proceso de recuperación del proceso penal por dicho feminicidio, como afirmó públicamente la abogada de la familia de la joven, y puntualizó que el Plan Integral de Reparación de Daño que emitió desde 2016 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) se suspendió por un amparo interpuesto por la madre de la joven.

El subsecretario de la SGG explicó que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió en 2017 anular el Plan de Reparación del gobierno estatal y cedió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del orden federal estudiar el caso y presentar el respectivo Plan de Reparación y a la fecha, no se ha presentado.

A pesar de lo anterior, “se pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que centre sus esfuerzos en esclarecer casos de violencia contra mujeres ocurridos durante la herencia maldita, además de que el actual gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona mantiene abiertas las puertas de todas las instancias competentes para apoyar a la familia de la joven”.

También aclaró que anteriormente se le brindó a la madre un puesto laboral en la administración que le permite tener acceso a diversos beneficios solicitados por organismos de derechos humanos en su favor y del resto de sus familiares.