La Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió este martes que las autoridades intentan socavar la integridad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y rechazó que este instrumento se convierta en una disputa política del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es preocupante que las autoridades estén empecinadas en socavar su función de coordinación al no incluir las denuncias en su poder o demorar su ingreso, informar parcialmente, sobreestimar sus acciones de localización, revictimizar a las personas, sugiriendo que todas son por propia voluntad“, señaló la universidad. En un comunicado, la casa de estudios rechazó que el gobierno federal subordine y ajuste el registro por “caprichos estratégicos” que no tienen sustento legal ni el aval de los familiares de los desaparecidos. “Su propósito no parece ser la actualización, sino restarle credibilidad y debilitarlo como mecanismo emblema de una política de Estado contra las desapariciones”, sostuvo la UdeG. La universidad acusó que el gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, incumple con sus obligaciones con el registro, pues lo mantiene inactivo desde 2022.  “Hay que ser firmes en señalar que los registros de personas desaparecidas contra su voluntad no es una numeraria a contentillo de nadie ni una estadística más, sino instrumentos fundamentales para preservar los derechos de las víctimas, mantener activa su búsqueda y orientar la acción del estado contra el horror de la desaparición forzada y cometida por particulares”, aseveró la UdeG.  Indicó que el registro “no es una dádiva de ningún gobierno que, por ello, pueda creerse con el derecho a alterarlos o revocarlos según su criterio y cálculo”. En la conferencia matutina del lunes, la periodista María Luisa Estrada dijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que las cifras de desaparecidos en Jalisco presentadas por los colectivos del 1 de enero de 2019 a la fecha contabilizan a más de 20 mil. Dichas cifras contrastan con las que reportó el gobierno de Enrique Alfaro con 14 mil 956 desapariciones hasta el 21 de agosto de 2023, porque de ese mes en adelante no hubo registro, explicó. “Hay investigaciones de la UdeG, donde han sostenido que las cifras en el estado de Jalisco se maquillan al igual que todos los colectivos. Del 2006 al 2017 se cremaron más de mil 700 cuerpos y en el 2014 se declara que no era legal por el tema de los desaparecidos“, indicó la periodista. De acuerdo con el portal de internet de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de enero a diciembre del año pasado fueron descubiertos en Jalisco 22 puntos de inhumación clandestinos, de los que fueron recuperados los restos de 299 personas sin identificar. Con información de LatinUs