La CICIG llegó a lograr el arresto y aprisionamiento del expresidente Alfonso Portillo y, en 2015, planteó acusaciones contra el presidente Otto Pérez Guatemala parece encaminarse a una crisis de proporciones y consecuencias desconocidas. Hace apenas una década Guatemala parecía en el umbral de una etapa institucional basada en el rechazo a la corruptela, gracias a una sociedad civil movilizada alrededor de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecida por acuerdo con la ONU. La CICIG llegó a lograr el arresto y aprisionamiento del expresidente Alfonso Portillo y, en 2015, planteó acusaciones contra el entonces presidente, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Rossana Baldetti, que fueron encarcelados. Desaparecida la CICIG en 2017, bajo presión del presidente Jimmy Morales, apoyado por sectores que se sintieron afectados, la lucha anti-corruptela parece ahora en retroceso. Los guatemaltecos están en espera del 20 de agosto, cuando se realice la segunda vuelta de los comicios realizados el 25 de junio, entre los que fueron los dos candidatos con mayor votación de entre siete que se presentaron: Sandra Torres, del partido Unidos por la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Pero el país en una maniobra tan brutal como transparente, casi al mismo tiempo que las autoridades electorales certificaban los resultados del 25 de junio, Rafael Curruchiche, director de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), acusó que el Movimiento Semilla, habría falsificado apoyos y comprado firmas de respaldo a su candidato con dinero de procedencia poco clara. Pero Curruchiche ha sido señalado por corrupción y fabricación de cargos por activistas guatemaltecos y las autoridades estadounidenses. Legalmente, además, no puede interferir. El caso es que el Juzgado Séptimo de la Instancia Penal ordenó el miércoles la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla y con ello socavó por lo menos la participación de Arévalo, un conocido activista anticorrupción, en la segunda vuelta electoral. Su rival, Sandra Torres, fue esposa del presidente Álvaro Colom (2002-2011). Torres y Arévalo habían pasado la primera vuelta electoral por auténticos mínimos: Torres obtuvo 15.86 por ciento del voto y Arévalo 11.77 por ciento. Las elecciones ya habían estado envueltas en polémicas porque antes de la primera vuelta se cancelaron tres candidaturas, por decisiones del Poder Judicial, acusado de estar al servicio de poderes fácticos tradicionales. La reacción, dentro y fuera de Guatemala, ha sido negativa para el gobierno, pero no es la primera vez que un muy atrincherado aparato político-económico enfrenta y resiste presiones. La desaparición de la CICIG, pese al éxito de su desempeño, es evidencia de ello. Pero también es cierto que hay una creciente irritación en el país. Torres, de entrada, denunció un "golpe de estado técnico" Así, la intervención igual resulta en una tempestad en un vaso de agua, pero también puede convertirse en un problema con secuelas imprevisibles. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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