Fue el 19 de agosto pasado, en una Mañanera, cuando se sembró la ominosa semilla: el gobierno va, nuevamente, contra las compañías que fabrican refrescos y bebidas azucaradas. Fue en esa conferencia donde el secretario de Salud, David Kershenobich, hizo su diagnóstico: “El daño por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo, y da lugar a una serie de enfermedades…”

Los gobiernos de la Cuarta Transformación han hecho de la industria de bebidas azucaradas uno de sus enemigos favoritos: lanzan el diagnóstico de la diabetes y la obesidad, le asignan la responsabilidad a la industria y, luego, suben el impuesto a los refrescos. Es un circuito discursivo bien aceitado, pero sobre todo muy perverso, porque nadie ha informado, nunca, cuál es el resultado en descenso de prevalencia de esas enfermedades, gracias a los impuestos que se establecieron en años pasados. Se nos dijo que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos disminuiría la obesidad. Pero eso no ocurrió.

En las últimas semanas circuló información en el sentido de que el actual impuesto a los refrescos, de $1.6 pesos por litro, debería elevarse hasta $7 pesos por litro. Una locura impulsada desde junio por un reporte de Fundar y de El Poder del Consumidor, que siempre ha manifestado su animadversión contra la industria refresquera.

Personas directamente relacionadas con el proceso de aprobación del Paquete Económico 2026 me aseguran que lo más certero es que ocurra un incremento del 100 por ciento al IEPS de los refrescos; es decir, pasaría de $1.6 pesos por litro a $3.2 pesos. Esto rompería la lógica de los incrementos a este impuesto con base en la tasa de inflación —que actualmente registra una tasa de 3.49 por ciento—. Pero el incremento final lo sabremos no con el Paquete presentado ayer por la tarde, sino en varias semanas, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Carol Altamirano, le meta mano al Paquete y dictamine la tasa impositiva final, lo que llevaría al desenlace del IEPS efectivo para 2026 a saberse hasta la segunda quincena de octubre. De Altamirano se menciona que es un diputado con capacidades técnicas y que sí comprende los temas hacendarios. Veremos.

ATÚN DOLORES

Atún Dolores, de Alfonso Vázquez, empató la celebración por sus 100 años de existencia con la adopción del sello mercadológico “Hecho en México”, y lo ha empezado a desplegar en la presentación de sus productos. La empresa cuenta con un portafolio de más de 100 productos, y participación de mercado mayor al 40 por ciento, por lo que se asume como un “pilar en el desarrollo de la industria alimentaria del país”.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

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