Los obispos españoles aprobaron un plan para compensar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia cuyos abusadores ya murieron o cuyos posibles crímenes han proscrito, una iniciativa que tanto el gobierno como asociaciones de víctimas consideraron carentes de garantías.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) no ofreció un estimado de a cuántas víctimas podría ayudar. Pero el año pasado dijo que había hallado evidencias de 728 abusadores sexuales entre el clero desde 1945, como parte de su primer reporte público tras años de rechazar un método integral para investigar abusos sexuales.

El 75% de los casos ocurrieron antes de 1990 y más del 60% de los abusadores ya habían fallecido, dijo la conferencia.

El año pasado, un sondeo de la defensoría pública española indicó que la cifra total de víctimas, incluyendo menores de edad, podría ser mucho mayor.

El presidente de la CEE, Luis Argüello, dijo el martes en conferencia de prensa en Madrid que la labor “no ha empezado hoy ni concluye hoy, pero sí que hoy es un día importante”.

La mayoría de los casos, indicó, ocurrieron “antes de los años 90. Por tanto, estos casos tienen las vías judiciales cerradas por la prescripción del derecho civil penal de nuestra sociedad”.

La decisión de la Conferencia Episcopal surge luego que el gobierno español aprobó el año pasado un plan para obligar a la iglesia a compensar económicamente a víctimas de abusos.

El plan de la iglesia incluye una reparación material para las víctimas, que puede tener una compensación financiera y pagos por servicios médicos o terapéuticos.

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La iglesia prometió además compensación “económica, espiritual y psicológica” de las víctimas.

Incluye además el compromiso de hallar la verdad sobre cada caso de abuso, aun en casos en que el presunto abusador ya haya fallecido.

“Siempre hay una reparación jurídica, pero para aquellos casos que ya están prescritos según la ley civil, según la ley canónica, que no es posible ya reabrirlos por el tiempo transcurrido, o bien porque el victimario ya también haya fallecido, entendemos que la Iglesia tiene un deber moral”, dijo Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia de Órdenes Religiosas de España, que respalda el plan de la Conferencia Episcopal.

Cada caso será manejado por una junta recién creada de expertos que asesorará a cada diócesis cómo mejor atender a cada víctima.

La junta estará integrada por 10 personas: cuatro expertos médicos, cuatro expertos en el código penal, un representante de la Conferencia Episcopal y uno de la Conferencia de Órdenes Religiosas.

Víctimas rechazan el plan

Juan Cuatrecases, vocero de una asociación de víctimas, dijo a la Radio Nacional de España que no aceptaba el plan, explicando que el plan no cuenta con ninguna supervisión oficial.

Un día antes de la presentación del plan, el gobierno emitió un comunicado diciendo que rechazaba lo que calificó de intento unilateral e ineficaz de compensación.

“El gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo. El plan de la iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza en ningún momento la reparación”, dice la declaración.

Con información de Latinus