Aunque se ha buscado la manera de regular el servicio operativo de las plataformas de transportes, caso particular de Uber, la ley no ha permitido que dichas iniciativas continúen e incluso han sido denominadas como inconstitucionales, señaló en entrevista para Altavox el abogado Alejandro Díaz de León. "Es totalmente inconstitucional que hayan prohibido el cobro en efectivo, es totalmente inconstitucional ciertos requisitos, es totalmente inconstitucional que les exijan una obligación solidaria", puntualizó.

Por ello, detalló que la autoridad se estaba apoyando en el recorte tan significativo que ha tenido la Ley de Transporte Público para el Estado en el delito previsto en el Código Penal y en ello se están apoyando para continuar con la implementación del operativo. "Estas leyes han tratado de desnaturalizar el servicio", añadió. Exhortó a la autoridad a dejar de concentrarse en imponer infracciones que ya fueron invalidadas y dejar de tratar de hacer infracciones al amparo del delito, pues se presentarán problemáticas diversas, ya que no se está en un supuesto de transporte público. Aseveró que, al final del día, ni en sede administrativa se podrán hacer infracciones, ni en sede penal podrán fincar delitos porque las infracciones fueron invalidadas y los delitos no se configuran por no ser transporte público. Recordó que a finales de 2016 se introdujeron diversas disposiciones a la ley del transporte público del estado de San Luis Potosí, mismas que buscaban regular las empresas de redes de transporte y, aunque no buscan prohibirlas, sí pretenden regularlas a través de un permiso, el cual era prácticamente difícil de conseguir.