El Gobierno de Coahuila y 24 de los 38 municipios promovieron controversias constitucionales contra las reformas a la Ley General de Comunicación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que limitan el gasto para difusión gubernamental. El gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís, dijo que los montos para publicidad que contemplan las reformas realizadas a las citadas leyes, no corresponden con la realidad de cada estado y no permitirán hacer una comunicación efectiva en materia de seguridad, salud y educación. En los últimos días, tanto el gobierno estatal como 24 Ayuntamientos, entre los que destacan los dos municipios de más población (Saltillo y Torreón), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales contra las reformas. Riquelme detalló que incluso campañas contra las adicciones no podrían ser llevadas a cabo de persistir los cambios avalados. Confió en que la Corte resuelva conforme a derecho ante las impugnaciones que se han presentado. El Gobierno de Coahuila consideró que las reformas violan la soberanía presupuestal de la entidad y de los municipios, ya que la reforma se traduce en una invasión de facultades que constitucionalmente, le corresponden de forma única y exclusiva a los poderes locales y no a la federación, como lo es la aprobación del presupuesto de egresos por parte del legislativo estatal. “A través de la demanda, el Gobierno del Estado de Coahuila, pretende el restablecimiento del orden constitucional a fin de que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos, algo que no sería posible de prevalecer la reforma aprobada en el congreso federal”, señaló el gobierno estatal. Con información de El Heraldo de México.