El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre las gestiones diplomáticas para solicitar la extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal del Gobierno del Estado de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, planteó que transparentar la información requerida permite la fiscalización respecto de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, particularmente en este tipo de casos, que son trascendentales para el país. “Debe prevalecer el interés público ante la clasificación, ya que se trata de información respecto del desvío de miles y miles de millones de pesos, que claramente no afectan únicamente al patrimonio de Veracruz, sino la vulneración de muchos derechos humanos que se deben garantizar a través de la asignación de estos recursos”, afirmó el Comisionado Presidente. Al respecto, la Cancillería respondió que brindar información respecto a si existe o no una petición de extradición en contra de una persona, se contrapone al derecho de la presunción de inocencia por lo que clasificó como confidencial lo requerido. Inconforme con la respuesta, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual se quejó por la clasificación de lo requerido, argumentando que Abdalá Saad fue servidor público en el pasado y tiene investigaciones por hechos de corrupción. Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, localizó diversas notas periodísticas en las que se indica que la Fiscalía General de la República (FGR) citó al ex Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal del Gobierno del Estado de Veracruz, a declarar por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. En este contexto, la ponencia advirtió que, si bien la información solicitada puede ser clasificada como confidencial, también debe valorarse la utilidad del derecho a saber para conocer la actuación de las autoridades en la investigación de presuntos actos de corrupción. Por ello, se determinó que dar a conocer lo requerido permitirá conocer las condiciones de la procuración de justicia contra exfuncionarios públicos que realizaron actos de corrupción; asimismo, facilitará la evaluación de las acciones que lleva a cabo la SRE para colaborar con la FGR en el proceso de extradición, pues dar a conocer si se ha hecho alguna gestión diplomática para solicitar la extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad abona a la rendición de cuentas. Con información de Excélsior