Desde el Senado de la República con el respaldo del presidente nacional Marko Cortés y el Grupo Parlamentario del PAN encabezado por la senadora Guadalupe Murguía, se denunció el abuso de poder por parte del oficialismo en San Luis Potosí para evitar que el diputado electo Marcelino Rivera asumiera su cargo en el Congreso Local.
Rodríguez Hernández acusó al gobierno estatal de utilizar instituciones públicas para intentar impedir que Rivera rindiera protesta, a pesar de que el Tribunal Electoral ya había resuelto que no existía inhabilitación alguna en su contra. "Usaron la fuerza pública para impedir su acceso al recinto y nombraron de manera ilegal a su suplente, quien misteriosamente ya está del lado de Morena, PVEM y PT", denunció.
Remarcó que ya se han presentado cuatro recursos legales; un juicio para la protección de sus derechos político electorales, un incidente por el incumplimiento de una sentencia emitida por la sala regional Monterrey del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos impulsados por Rivera Hernández.
Así como un Juicio Electoral promovido ante la Sala Regional de MTY por el Partido Acción Nacional para defender derechos político electorales de Marcelino Rivera y el partido, y en cuarto lugar se presentó un amparo en contra de actos indebidos por parte del Instituto de Fiscalización y el Congreso del Estado.
Por su parte, Rubén Guajardo fue enfático al señalar las mentiras del auditor superior del Estado, quien afirmó que Rivera estaba inhabilitado. “El auditor mintió. Nos solicitó al Congreso local que lleváramos a cabo una inhabilitación que no tenemos facultad para realizar, por lo que Marcelino Rivera sigue contando con todos sus derechos político-electorales”, aseguró.
Guajardo también subrayó la gravedad del caso, destacando que Rivera es parte de una cuota indígena. "Están intentando despojar de su curul a un representante indígena de la Huasteca potosina, un grupo vulnerable", recalcó, agregando que el PAN defenderá este espacio legalmente y con firmeza.
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Finalmente el senador Ricardo Anaya Cortés dijo que este no es un caso aislado, sino parte de una estrategia sistemática del oficialismo. “Esto forma parte de las prácticas gansteriles que hemos visto en distintos estados. Al igual que en el Senado, donde usaron las fiscalías para construir una mayoría a la fuerza y aprobar la mal llamada Reforma Judicial, en San Luis Potosí quieren construir una mayoría manipulando el Congreso estatal”, sentenció.
