La propuesta presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por parte del presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, para que se indemnice a personas que fueron encarceladas injustamente, podría ser llevada a la Cámara de Diputados, a nivel federal, con el fin de que se convierta en una ley que aplique para todo el país, según manifestaron legisladores federales potosinos, durante un conversatorio organizado por Fundación Renace. El diputado federal panista, José Antonio Zapata Meraz, dijo que el 40.9 por ciento de las personas que están en la cárcel (86,302) no tienen una sentencia, mientras que el 14.4 por ciento (30,388) no cuentan con sentencia definitiva. Únicamente el 44.7 por ciento de los reos tienen ya una sentencia definitiva en los 323 penales que hay en el país.

Zapata Meraz dijo que se tiene a mucha gente en la cárcel sin realmente saber si es culpable o no del delito por el que se le acusa y eso hace que sea muy oneroso mantener el sistema penitenciario mexicano, el cual cada año le cuesta 38 mil 552 millones de pesos al erario, aunado al daño que se provoca a personas que son encarceladas injustamente, por lo cual propuso que sean los defensores de oficio quienes ayuden a estas personas a demandar al Estado por el daño ocasionado.

El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Roberto Alejandro Segovia Hernández, dijo estar dispuesto a apoyar una iniciativa para indemnizar a las personas encarceladas injustamente, ya que dijo que en la práctica ocurre que, ante la presión social por encontrar un culpable, las Policías de Investigación terminan deteniendo a personas inocentes, simplemente juzgándolas por su forma de vestir o por traer tatuajes.

La iniciativa presentada ante el Congreso del Estado plantea que una persona que ha recibido sentencia absolutoria, tras haber estado en prisión, podrá cobrar la cantidad de un salario mínimo por cada día que estuvo encarcelada. Dicho cobro se realizará ante la Secretaría de Finanzas y su erogación deberá estar considerada en el Presupuesto de Egresos de cada año.

El presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, dijo que, con el fin de que no sean los contribuyentes quienes terminen pagando los errores que se cometen al encarcelar a una persona, el mecanismo podría ser que el Estado le pague la indemnización al afectado y luego el mismo Estado recupere ese dinero interponiendo procedimientos en contra de los funcionarios responsables de haber cometido dicho error.