De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, la economía mexicana creció 0.7 % en 2025 respecto al año anterior. El dato confirma un problema estructural. México no está convirtiendo sus ventajas en una trayectoria de expansión sostenida.

Esto importa por una razón simple. Sin crecimiento no se sostienen los avances sociales. La reducción de la pobreza requiere una economía que genere empleos formales en cantidad y con productividad creciente. No hay política social más efectiva que un mercado laboral dinámico, con empresas que invierten, contratan y compiten. Cuando el país crece poco, el empleo se vuelve frágil, la informalidad gana terreno y las brechas se vuelven más difíciles de cerrar.

El arranque de 2026 muestra señales mixtas. Hubo una mejora en algunos indicadores hacia el cierre de 2025, y ciertos segmentos manufactureros han mostrado capacidad para responder a la demanda regional. Pero el dato central es que la inversión sigue siendo el eslabón débil. En los meses recientes se ha observado una contracción relevante respecto a los niveles de 2024. La inversión en México es muy sensible al entorno económico y político. Esa sensibilidad, que suele repetirse al inicio de cada administración, ya no debería ser un obstáculo después de 15 meses del gobierno actual.

El escenario internacional abre también oportunidades para el país. Estados Unidos mantiene incertidumbre por su política comercial, pero su economía ha mostrado una notable fortaleza. En el tercer trimestre de 2025, su PIB real creció a una tasa anualizada de 4.4 %. Los datos oficiales muestran un crecimiento apoyado en inversión y exportaciones, con un consumo que avanzó a un ritmo más moderado. Este perfil anticipa un énfasis mayor en capacidad productiva. La economía norteamericana se está apoyando más en inversión y demanda externa, y lo hace en un entorno de desregulación orientado a reducir costos y acelerar proyectos.

Para México el mensaje es directo. La región ofrece demanda, integración productiva y una ventana para atraer proyectos. Pero esa ventana se aprovecha con condiciones internas claras. La inversión llega cuando hay certidumbre jurídica, reglas estables, permisos viables, energía suficiente, logística funcional y seguridad en el territorio.

En ese contexto, el anuncio de un programa de infraestructura para 2026 a 2030 es una señal en el sentido correcto. Reconoce que la infraestructura es condición de competitividad y que su naturaleza y escala exigen participación privada. También reconoce que, sin inversión, el crecimiento será insuficiente. El punto ahora es pasar del anuncio a la ejecución creíble.

La infraestructura solo se vuelve motor cuando los proyectos están listos para ejecutarse. Apertura real de sectores con reglas claras para invertir, permisos completos, derechos de vía resueltos, licitaciones transparentes, financiamiento estructurado y coordinación efectiva entre dependencias, niveles de gobierno y sector productivo. También cuando se protege la operación. Sin seguridad en carreteras, en corredores logísticos y en zonas industriales, la infraestructura pierde valor económico.

En 2026 también pesa un factor que algunos sectores ya resienten. El tipo de cambio puede convertirse en un problema productivo cuando la economía crece poco. Afecta márgenes de exportadores, desplaza a productores agrícolas, encarece a México como destino turístico y reduce incentivos para invertir en capacidad instalada. El punto de fondo es reconocer que sin crecimiento y productividad una moneda fuerte puede amplificar fragilidades.

La clave vuelve a lo esencial. El crecimiento depende de inversión, y la inversión depende de confianza. Se requiere confianza en el marco jurídico y regulatorio, y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y energía suficiente. Si se quiere que los anuncios en infraestructura detonen un nuevo ciclo, la señal debe profundizarse con simplificación regulatoria, certeza jurídica y diálogo franco con el sector productivo.

Las pequeñas y medianas empresas son parte del centro de esta discusión. Son las que más empleo generan y han debido absorber políticas que incrementaron sus costos laborales. Hoy esperan alivios regulatorios y fiscales, así como una reducción de cargas administrativas que les permita competir y crecer. La integración de estas empresas al modelo de crecimiento es indispensable para que la relocalización y el dinamismo exportador se traduzcan en una base productiva más amplia y sólida.

El margen de acción de las finanzas públicas es limitado y la disciplina fiscal es ineludible. Un mayor crecimiento ayuda a que esa consolidación sea menos costosa y más sostenible. En ese contexto, la palanca decisiva es la inversión privada.

Si el objetivo es crecer para sostener avances y abatir pobreza, el camino es empujar inversión productiva con certidumbre. El programa de infraestructura puede ser un parteaguas si se ejecuta con rigor y si se acompaña de señales claras hacia la iniciativa privada. La oportunidad regional sigue ahí. Lo que está en juego es si el país construye las condiciones para aprovecharla.

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Con información de Excélsior