La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que Ecuador ha agotado el diálogo diplomático con México debido a la crisis desencadenada por la irrupción policial en la embajada mexicana en el país sudamericano.

La canciller de Ecuador informó que la decisión de ingresar violentamente a la embajada de México buscó evitar que el ex vicepresidente Jorge Glas se diera a la fuga.

La decisión de las autoridades de Ecuador se dio luego de que el viernes por la tarde la cancillería mexicana informara que le había otorgado asilo político al ex vicepresidente Glas en México, al cual llamó "perseguido político". En una conferencia de prensa, Sommerfeld defendió la soberanía ecuatoriana y destacó la necesidad de cumplir con las leyes y la justicia. Afirmó que el presidente Daniel Noboa ha combatido la delincuencia y que el abuso de las inmunidades y privilegios otorgados por la Convención de Viena solo puede empeorar la situación. La canciller ecuatoriana insistió en que Jorge Glas, ex vicepresidente del país, no es un perseguido político y que se contravino el principio de no intervención. Señaló que Ecuador expresó a la embajada de México que no procede la concesión de asilo diplomático en el caso de Glas y recordó que se solicitó la autorización a México para conceder una orden de arresto en su contra.

Días antes, Sommerfeld criticó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y anunció la declaración de persona non grata a la embajadora de México en Quito como resultado de estas declaraciones.

La ministra enfatizó que para Ecuador la concesión de asilo a Glas es ilícita y subrayó el respeto del país por el derecho internacional. Afirmó que la decisión del presidente de la República se tomó ante un riesgo real de evasión de Glas y que ningún delincuente puede ser considerado para el asilo político en Ecuador. Finalmente, Sommerfeld instó a México a cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.