El Juez Décimo Segundo de Distrito con sede en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que aprobó el Congreso de la Unión, y que se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La resolución fue en favor de la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, de la misma entidad, María del Carmen Cordero Martínez, quien ayer presentó un amparo contra esa reforma, y quien es superior jerárquico del juez federal. La medida cautelar impide temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ente administrativo del PFJ, la transferencia de los aproximadamente 15 mil millones de pesos, que integran los 13 fideicomisos eliminados, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la resolución del Juez Luévano Ovalle se prohíbe a estas dos últimas instancias, del Gobierno de México, que dispongan de esos recursos. “Deben realizar lo siguiente: Se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF". “Se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos”, resolvió el Juez Luévano Ovalle, al conceder la suspensión. El juez federal fijó el próximo 9 de noviembre como la fecha para realizar la audiencia incidental, en la que se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva en favor de la magistrada Cordero Martínez, medida que impediría la entrada en vigor de la reforma por tiempo indefinido. Este preso suspende la extinción de los fideicomisos, pero no impide que la presidenta del PJF, ministra Norma Lucía Piña Hernández pueda negociar el destino de los recursos, como lo planteó hoy en una carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para entregarlos a los damnificados por el huracán Otis. La resolución del juez Luévano Ovalle indica que los efectos indican, de manera lisa y llana que los fideicomisos deben seguir operando con los objetivos para los que fueron creados. También se le notifica a las entidades Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (Nafin), que deben acatar la resolución y no disponer de esos recursos. -- Con información de Excélsior