Las asociaciones de trabajadores de Mexicana de Aviación y la propia empresa fallida, acordaron la venta de activos por aproximadamente 815 millones de pesos, reveló, como lo marca la Ley de Concursos Mercantiles, el juez Horacio Nicolás Ruiz Palma, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Esa legislación establece un plazo de diez días para hacer públicos los acuerdos de venta, a los que se llegó entre las partes en una reunión celebrada el pasado 7 de julio, con el objetivo de que estén perfectamente informados los acreedores. "El objetivo de este tipo de difusión es para que aquellos acreedores que aún no estén informados respecto del procedimiento de que se trata, tengan la posibilidad de enterarse de las actuaciones y del estado procesal que guarda el asunto”, explicó este lunes, en un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La venta El Gobierno de México está interesado en estos activos para operar una aerolínea, que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la misma marca. Se detalló que en la reunión del pasado 7 de julio, se acordó la venta de los derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con la marca “Mexicana”. También del Centro de Adiestramiento Técnico; y del inmueble ubicado en Mariano Otero 2353, colonia Valle Verde, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El acuerdo también incluye la venta de 14 locales comerciales, ubicados en el número 33 de la calle Balderas y 34 de la calle Humboldt, colonia Centro, en la Ciudad de México. Los trabajadores y la empresa en quiebra llegaron a este acuerdo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Secretaría de Asuntos Colectivos, con la participación del síndico de la aerolínea. "El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México pone a la vista de los interesados, por diez días, el esquema de enajenación de los bienes convenido en esa fecha para que manifiesten lo que a su derecho convenga”, indicó el CJF. El juez Ruiz Palma explicó que la determinación correlativa dictada en el expediente de esa sede tiene como finalidad garantizar la máxima publicidad de dicho proceso, como lo marca la Ley de Concursos Mercantiles. "Tanto la comerciante como los demás acreedores deben conocer los pormenores de esas ventas cuyo monto es aproximadamente de 815 millones de pesos, para que, de ser factible legalmente, puedan manifestar lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de lo que se determine por este Juzgado Federal en el proceso concursal que conduce”, agregó el CJF. Se indicó que es trascendente que los acreedores reconocidos puedan opinar sobre esa comercialización, pues únicamente de llegar a existir remanente, se les permitiría, en la medida de lo posible, obtener la satisfacción de lo que se les adeuda. "El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la CDMX determinó hacer uso del principio de máxima publicidad que impera en los juicios de esta naturaleza, en aras de lograr un efectivo conocimiento de la presente determinación, dado el interés público e impacto social que caracterizan a este concurso mercantil”, se explicó. --

Con información de Excélsior