La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas, pero su uso —positivo o delictivo— plantea enormes desafíos para los sistemas judiciales. Así lo señaló el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Damián Campos García, presidente de la Comisión de Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Acusatorio y Oral, al analizar el impacto de estas tecnologías en el derecho mexicano. En entrevista para “Así las Cosas”, advirtió que la IA avanza a un ritmo mucho mayor que el derecho, generando escenarios jurídicos inéditos. Desde la creación de documentos, la simulación de voces, fotografías o videos, hasta el uso de metadatos y cadenas digitales como pruebas, la tecnología ya está influyendo en los procesos judiciales, sin que la regulación mexicana esté plenamente preparada. El magistrado explicó que uno de los mayores retos es la presentación y valoración de pruebas que pueden ser generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Ejemplos como la clonación de voces, los videos manipulados o los llamados deepfakes complican la labor de los juzgadores y ponen a prueba los mecanismos tradicionales de acreditación. “Antes un perito en fonética bastaba para verificar una voz, o un estudio antropométrico para analizar una fotografía. Hoy, con la IA, se puede imitar un rostro o una voz con gran precisión. ¿Cómo verifica un juez si es real o no? El reto es mayúsculo”, señaló. Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce documentos en medios tecnológicos, el magistrado advirtió que esta norma se ha quedado corta ante la complejidad actual. En contraste, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya incorpora terminología y conceptos cibernéticos más avanzados para la valoración de pruebas digitales. Campos García enfatizó que plataformas como ChatGPT pueden ser útiles para operadores de justicia al elaborar oficios, requerimientos o documentos administrativos en cuestión de segundos. Sin embargo, alertó sobre los riesgos de delegar decisiones de fondo a una inteligencia artificial. “Una sentencia no puede hacerla una plataforma digital. Está de por medio la libertad de una persona, incluso décadas de prisión. La inteligencia artificial puede auxiliar, pero jamás debe sustituir el razonamiento jurídico de un juez”, subrayó.