El veto anunciado por el gobernador Mauricio Kuri González a la reforma de identidad de género en Querétaro abrió un nuevo frente político, jurídico y social en la entidad, coincidieron periodistas y analistas durante una mesa de discusión transmitida por W Radio. En el espacio radiofónico, los participantes señalaron que la decisión del mandatario estatal no representa un rechazo definitivo a la iniciativa, sino el regreso del proyecto al Congreso local para una nueva deliberación parlamentaria y eventual negociación entre las fuerzas políticas. El abogado Julio Sancliment explicó que la figura utilizada por el Ejecutivo corresponde constitucionalmente a un veto legislativo, aunque en Querétaro se maneje bajo el esquema de “observaciones”. “Te la regreso Congreso para que le pienses bien y si quieres insistir, ya no te va a bastar que la vote el 50 por ciento más uno, vas a necesitar dos terceras partes del Congreso para que valga”, explicó. Durante la discusión, uno de los principales puntos de debate fue el argumento del gobernador relacionado con la protección de menores de edad. Los analistas señalaron que la reforma aprobada por Morena no contempla explícitamente a menores dentro del procedimiento administrativo de cambio de identidad de género. Sin embargo, el periodista Enrique “Kike” Mireles advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado en otros estados restricciones similares relacionadas con la mayoría de edad, lo que eventualmente podría abrir vacíos legales. “Este candado sería provisional, va a desaparecer irremediablemente”, sostuvo. En contraparte, Víctor López Jaramillo cuestionó el tono político utilizado por el gobernador en su mensaje público, particularmente al referirse a una “izquierda radical”, al considerar que ese discurso introduce una confrontación ideológica que no había alcanzado ese nivel en Querétaro. “El video del gobernador abre un campo para una batalla cultural que no había tenido Querétaro”, afirmó. Los participantes coincidieron en que la discusión pública se ha desplazado del contenido técnico de la reforma hacia una narrativa política y electoral, especialmente ante la cercanía de junio, considerado el mes del orgullo LGBT+. Además, señalaron que el proceso legislativo obligará nuevamente a negociaciones entre Morena, PAN y otras fuerzas políticas para construir una mayoría calificada que permita eventualmente aprobar la reforma. En la mesa también se planteó una posible salida jurídica para atender las preocupaciones expresadas por el PAN respecto a menores de edad, consistente en establecer expresamente que el derecho al reconocimiento de identidad no pueda ejercerse mediante representación de padres o tutores. “Este derecho fundamental no admite representación para su ejercicio”, propuso Sancliment como posible redacción legal. Los analistas consideraron que las protestas y posicionamientos públicos podrían incrementarse durante las próximas semanas, especialmente conforme avance la agenda de movilizaciones de colectivos LGBT+ y organismos defensores de derechos humanos. Asimismo, señalaron que el tema podría convertirse en uno de los principales puntos de tensión política entre Morena y el PAN rumbo al proceso electoral de 2027.