En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar sin precedentes en América Latina: la invasión relámpago que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo. A primera vista, la caída de un autócrata acusado de corrupción masiva parecía una victoria para la justicia. Pero el verdadero interés de Washington -y las decisiones políticas tomadas desde entonces- revelan una estrategia geopolítica más enfocada en proteger los intereses de Estados Unidos en la región que en garantizar un cambio de régimen. Al parecer, nuestros vecinos del norte han aprendido las lecciones de Irak, Afganistán y Vietnam.

Lo que los estrategas estadounidenses consideran “transición política” no pasa por una ruptura total con el chavismo, sino por poner bajo tutela a las élites que garantizan estabilidad -y alineamiento con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos- sin desmantelar por completo la vieja guardia. De inmediato tras la captura de Maduro, Washington respaldó la continuidad institucional bajo Delcy Rodríguez, ahora presidenta y mano derecha del mismo régimen que se suponía quería desarticular. Esta elección -respaldada, según informes, por una evaluación clasificada de la CIA que consideró a los leales al régimen como los más aptos para encabezar la fase post-Maduro- no es casualidad, sino una expresión de lo que la Casa Blanca ve como orden antes que justicia.

Este enfoque responde a varios intereses convergentes. Primero, evitar un vacío de poder que desate violencia sectaria e inestabilidad total en un país ya devastado por años de crisis económica, social y política. Una transición abrupta dirigida desde el exterior -o impuesta por fuerzas internas sin suficientes contrapesos- podría desencadenar un conflicto civil prolongado con consecuencias imprevisibles. Segundo, proteger los intereses petroleros y energéticos estadounidenses en una nación que alberga algunas de las reservas más grandes del mundo.

En este contexto emerge la figura de María Corina Machado, líder opositora y reciente Premio Nobel de la Paz, quien ha expresado su intención de regresar a Venezuela y liderar una transición hacia elecciones libres y reformas estructurales profundas. Su postura y visión, aunque legítimas desde el punto de vista democrático, representan un desafío radical a los intereses de Washington. Machado promueve una ruptura neta con el legado chavista: disolución de estructuras represivas, justicia contra responsables de violaciones a derechos humanos, y transformación institucional real. Esto incluye, según sus propias palabras, no solo reclamar el poder político sino desmantelar las redes de impunidad y corrupción que sostuvieron el régimen durante más de dos décadas.

Esa agenda, por más admirable en teoría, es un dolor de cabeza para Estados Unidos. Una transición bajo Machado implicaría una política exterior independiente, sin garantizados favores o concesiones a intereses corporativos o geopolíticos estadounidenses. Su liderazgo exigiría rendición de cuentas para militares y funcionarios vinculados al anterior régimen, lo que podría socavar la estabilidad que Washington considera prioritaria. Además, su base política es profundamente crítica del intervencionismo extranjero -especialmente del norte- y no toleraría fácilmente que decisiones clave sobre el futuro de Venezuela se negocien en Washington o bajo presión externa.

No es casual que altos funcionarios estadounidenses, incluido el propio presidente Donald Trump, hayan señalado que sería “muy difícil” que Machado lidere el país porque supuestamente carece del apoyo y respeto necesarios -una valoración que muchos analistas interpretan menos como un juicio sobre su capacidad y más como una excusa para dejar el timón político en manos de figuras más manejables dentro del aparato chavista residual-.

El resultado es una transición de baja intensidad que podría parecer estable sobre el papel, pero que en realidad perpetúa muchas de las dinámicas que oprimieron a Venezuela durante años: controles informales del poder económico, acuerdos tácitos con elites políticas y militares, y una política que relega la justicia social y la reconstrucción democrática a un segundo plano frente a los intereses estratégicos de potencias externas.

La verdadera tragedia es que tanto para Venezuela como para Estados Unidos, este episodio no representa una victoria moral, sino una reafirmación de cómo las superpotencias instrumentalizan causas nobles para justificar agendas geopolíticas. La captura de Maduro pasará a la historia, entonces, no solo como el fin de un dictador, sino como el inicio de una transición que, si no se piensa con honestidad democrática, podría convertirse en otra forma de tutela encubierta -con las mismas estructuras de poder intactas y con un liderazgo opositor restringido a jugar bajo las reglas de Washington y de las élites venezolanas más conservadoras-.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS