Tras la realización de la inédita elección judicial, especialistas, activistas y observadores electorales coinciden en señalar que el proceso ha sido uno de los más accidentados y polémicos en la historia democrática del país. La elección del pasado domingo 1 de junio fue la primera en la que los ciudadanos votaron directamente por más de 800 cargos del Poder Judicial Federal, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha desatado críticas desde su origen. El proceso legislativo que dio pie a esta elección fue calificado por diversos analistas como atípico y conflictivo. La reforma fue aprobada durante una polémica sesión parlamentaria en la que se denunciaron presiones, coacción a senadores e incluso acusaciones de compra de votos para alcanzar la mayoría necesaria. Detractores señalan que la iniciativa nació como una represalia política tras múltiples fallos de la Suprema Corte que invalidaron leyes impulsadas por el entonces presidente. “Esta reforma se impulsó desde el hígado, no desde la razón jurídica”, afirmó en entrevista para “Así las Cosas” Idalia González de León, activista y secretaria general del PAN en Puerto Vallarta. La metodología para designar a los más de 7,000 candidatos que se incluyeron en las boletas también fue un blanco de críticas. Legisladores seleccionaron a los aspirantes mediante tómbolas, lo que ha sido visto como un proceso improvisado y poco transparente. Los requisitos para postularse fueron mínimos: ser abogado titulado y contar con al menos cinco años de experiencia, así como cartas de aprobación. De acuerdo con organizaciones como el grupo Defensores, algunos candidatos presentan vínculos con partidos políticos, sindicatos e incluso el crimen organizado, incluyendo casos documentados de exconvictos, abogados de cárteles y personas bajo investigación por delitos graves. Además de lo complejo del origen y diseño institucional, el proceso electoral mismo representó un reto logístico y ciudadano sin precedentes. Los votantes recibieron seis boletas con listas de hasta 90 nombres cada una, entre los cuales seleccionaron entre dos y cinco candidatos, según el cargo. Asimismo, este proceso rompió con los estándares tradicionales, pues los votos no fueron por ciudadanos y los resultados no se conocieron la misma noche de la elección, sino será al menos 15 días después. Uno de los puntos más preocupantes sobre las consecuencias de la reciente votación para juristas y académicos es la posible eliminación del sistema de carrera judicial. “Cientos de jueces y magistrados que han ascendido mediante exámenes y méritos podrían ser desplazados por candidatos sin experiencia o sin independencia del poder político”, declaró Idalia González.