En un contexto de gran preocupación, Juan Pablo Martínez Torres, presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, calificó el pasado viernes como un “viernes negro” para la democracia en México, tras la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la eliminación de siete órganos autónomos clave, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Martínez Torres expresó que esta decisión representa un golpe devastador no solo para el estado de derecho, sino también para la incipiente democracia que México ha construido en los últimos 30 años. Resaltó la importancia de estos organismos autónomos, que han sido fruto de luchas ciudadanas y que, con esta resolución, se ven en riesgo de desaparecer. El presidente del Consejo advirtió sobre los graves impactos económicos y de desarrollo que podrían derivarse de esta eliminación. En particular, destacó la desaparición del INAI, que protege los derechos de los mexicanos respecto a la información en manos del Estado y garantiza la transparencia en las decisiones gubernamentales. Según Martínez Torres, la posible absorción del INAI por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) podría convertir a este en “juez y parte”, lo que debilitaría la confianza pública y la transparencia. Además, Martínez Torres subrayó que la eliminación de estos órganos autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dejará a empresas e inversionistas en una situación de indefensión e incertidumbre. En su opinión, esta decisión representa un regreso a las políticas centralistas de las décadas de 1970 y 1980, donde el poder presidencial controlaba todos los aspectos del gobierno. Finalmente, el líder empresarial hizo un llamado urgente a los diputados, instándolos a reflexionar sobre el grave daño que esta medida podría causar al país. Destacó que la eliminación de estos organismos no solo representa un capricho presidencial, sino que también compromete el futuro de México, dejando a las futuras generaciones en un país sin certeza jurídica y sin respeto por el estado de derecho.