Hay transformaciones que no se anuncian con estruendo, pero cambian estructuras profundas. En San Luis Potosí comienza a tomar forma una de ellas: la idea de que el gasto público no solo administre recursos, sino que impulse directamente el desarrollo económico local. Lo interesante no es únicamente la propuesta en sí, sino lo que revela sobre una nueva manera de entender la relación entre gobierno, empresas y sociedad.

La iniciativa presentada por el diputado Emilio Rosas Montiel para priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas en las compras públicas apunta hacia ese cambio de lógica. Reservar un porcentaje de las licitaciones para proveedores locales y fortalecer el distintivo “Hecho en San Luis Potosí” plantea algo simple pero poderoso: que el dinero público circule dentro de la economía estatal y genere valor directo para las familias potosinas.

Detrás de esta propuesta hay un dato revelador que pocas veces se dimensiona, como el que las MIPYMES sostienen buena parte del empleo y del dinamismo económico regional, al emplear cerca del 40% de la fuerza laboral en el estado. En un entorno donde apenas 60 grandes empresas conviven frente a cerca de 115,881 microempresas., fortalecer a estas unidades productivas no es solo una política económica, es una estrategia social. Cada contrato público puede traducirse en empleos, innovación y estabilidad para comunidades enteras.

Importante que este tipo de políticas redefinen el papel del gobierno. El Estado deja de ser únicamente regulador para convertirse en “cliente ancla”, capaz de dar certidumbre financiera a empresas locales que, de otro modo, tendrían dificultades para competir con grandes corporaciones. Esta estabilidad permite invertir, profesionalizar procesos y elevar estándares de calidad.

La propuesta, además, no surge de manera aislada. Forma parte de una ruta que comenzó con la promoción de la marca estatal para posicionar productos locales, continuó con incentivos para fortalecer la proveeduría interna y avanzó con la creación de espacios de colaboración entre sector público e iniciativa privada. La lógica es clara: construir un ecosistema económico donde producir en el estado sea también una ventaja competitiva.

En este contexto, la alineación con la visión económica nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refuerza la apuesta por fortalecer el mercado interno y las cadenas productivas regionales. La coincidencia de agendas abre oportunidades adicionales: acceso a financiamiento, integración comercial y una mayor proyección para las empresas locales en mercados más amplios.

Por supuesto, toda política de desarrollo económico implica retos constructivos. La transparencia en los procesos de compra, la actualización de padrones de proveedores y la capacitación empresarial serán elementos clave para que el modelo funcione plenamente. Lejos de ser obstáculos, estas áreas representan oportunidades para elevar la competitividad del sector productivo y consolidar reglas claras para todos los participantes.

El empresariado no es el único que gana con este enfoque. Gana el empleo, gana el consumo interno y gana la estabilidad económica regional. También gana la confianza de inversionistas que observan un entorno donde existe coordinación institucional y visión de largo plazo. Incluso la ciudadanía se beneficia cuando el desarrollo económico se traduce en bienestar tangible y crecimiento sostenible.

La señal que emerge desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí es, en el fondo, una invitación a repensar el desarrollo desde lo local. Apostar por proveedores cercanos, fortalecer la identidad productiva y consolidar cadenas de valor internas puede convertirse en una ventaja estratégica en un mundo marcado por la competencia global y la incertidumbre económica.

Tal vez la mayor enseñanza de este proceso sea que el desarrollo no siempre depende de grandes inversiones externas, sino de decisiones que fortalecen lo que ya existe. Cuando la política pública apuesta por su propio talento productivo, el crecimiento deja de ser una promesa y se convierte en posibilidad real. La pregunta que queda en el aire es simple y poderosa: ¿hasta dónde puede llegar una economía que decide confiar en sí misma?