El debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas en México ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad. Para Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y presidente de la Comisión de Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Acusatorio y Oral, la medida representa una herramienta con potencial para combatir delitos de alto impacto, aunque también implica riesgos que no deben minimizarse. En entrevista para “Así las Cosas”, el jurista explicó que la intención de las autoridades es fortalecer los mecanismos de investigación y prevención de delitos como la extorsión, el secuestro y las desapariciones de personas, situaciones en las que la localización de una línea telefónica ha permitido rescatar víctimas o dar seguimiento a grupos criminales. “Hay una intención loable por parte del gobierno al buscar proteger a la ciudadanía. En muchos casos, la geolocalización de teléfonos ha permitido salvar vidas o ubicar a personas desaparecidas”, señaló. Sin embargo, advirtió que la principal preocupación radica en la protección de la información que se concentrará en las bases de datos gubernamentales. A su juicio, el verdadero reto será garantizar que esos datos no sean vulnerados por grupos criminales o utilizados de manera indebida. “El problema no es únicamente recopilar la información, sino garantizar que esa base de datos no sea hackeada o utilizada por la delincuencia organizada. Ahí está el principal desafío”, afirmó. Campos García consideró que el análisis sobre esta medida no puede reducirse a una postura absoluta a favor o en contra. Explicó que existen beneficios evidentes para la seguridad pública, pero también preocupaciones legítimas relacionadas con la privacidad y la protección de datos personales. En ese sentido, recordó que gran parte de la información que ahora se pretende vincular a las líneas telefónicas ya ha sido proporcionada por los ciudadanos a instituciones bancarias, autoridades fiscales y diversas dependencias gubernamentales. No obstante, insistió en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de seguridad informática para evitar filtraciones o usos indebidos. El magistrado señaló que otra de las inquietudes ciudadanas se relaciona con el acceso a la información, el tiempo de resguardo de los datos y los controles judiciales que deberán existir para evitar abusos. Asimismo, destacó que quienes consideren vulnerados sus derechos pueden recurrir a mecanismos legales como el juicio de amparo para impugnar la aplicación de la medida en casos específicos. Respecto al uso de chips de telefonía móvil comercializados sin controles suficientes, Campos García consideró que cualquier estrategia de registro perdería efectividad si continúa existiendo la posibilidad de adquirir líneas sin una adecuada verificación de identidad. “No tendría sentido exigir el registro de líneas telefónicas si se mantiene la posibilidad de adquirir chips sin mecanismos efectivos de identificación. El objetivo debe ser que exista una correspondencia real entre la línea y el usuario”, puntualizó. Finalmente, el magistrado consideró que México se enfrenta a una tendencia internacional en la que la tecnología obliga a replantear los conceptos tradicionales de privacidad. Por ello, sostuvo que el desafío será encontrar un punto de equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la necesidad de fortalecer las herramientas para combatir la delincuencia. “Debemos buscar un punto medio entre el beneficio que representa para la seguridad y los riesgos que implica para la privacidad. La tecnología llegó para quedarse y tendremos que encontrar mecanismos que permitan aprovecharla sin sacrificar los derechos fundamentales de las personas”, concluyó.