A pesar de que aún “es perfectible” y su aplicación continúa perfeccionándose, la implementación de Ley 3 de 3 contra la violencia en el actual proceso electoral “se está logrando”, gracias a la coordinación con el Poder Judicial, y los candidatos con antecedentes fueron investigados y sustituidos, externó la consejera Graciela Díaz Vázquez. La consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien estará en el acompañamiento y coordinación de la Red de Mujeres Candidatas, para prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género contra mujeres, comentó que la Ley 3 de 3 es una medida fundamental para garantizar la participación política de todas las mujeres en temas de violencia y discriminación. La consejera explicó que a partir de que la Ley 3 de 3 se vuelve una exigencia constitucional, aprobada en junio del 2023, desde el órgano electoral se ha obligado la presentación de este requisito a todas las postulaciones de candidaturas a hombres y mujeres que están contendiendo al proceso electoral, lo cual ya “representa un avance significativo” en el tema de violencia de género con respecto al proceso electoral anterior; en donde sólo se presentaba una carta de manifiesto, sin verificar los antecedentes penales de los aspirantes. Agregó que actualmente con el apoyo del Poder Judicial del Estado se hace la verificación en las bases de datos de los candidatos de las personas que tienen sentencias firmes. Posteriormente el Poder Judicial otorga la información sobre los hallazgos al Ceepac y se ponen a la vista de las representaciones de los partidos políticos, para que cotejen si existen casos de homonimia. En tal caso, los partidos presentan las cartas de no antecedentes penales de las personas identificados, donde se advierte que no se trataba de la misma persona, en otros casos se hacen las sustituciones de candidaturas. Díaz Vázquez detalló que en semanas pasadas se registraron 14 expedientes de aspirantes a candidaturas que contaban con antecedentes y algunos casos correspondían al registro del sistema de justicia anterior al sistema oral, siete casos al nuevo sistema de justicia penal. De esos 7 casos, tres candidaturas fueron sustituidas, otras tres presentaron carta de no antecedentes penales y se comprobó que eran casos de homonimia y otra de las candidaturas fue retirada antes de que se diera a conocer la información, “la finalidad de que no se postulen, se está cumpliendo”. Por su parte, la magistrada Dennise Porras Guerrero subrayó que la Ley 3 de 3 depende de una coordinación entre los diferentes ámbitos y niveles de gobierno y consideró que la “lupa” tiene que estar en la “calidad de los candidatos” que postulan los partidos políticos y en las exigencias de la ciudadanía con dichos candidatos.